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Después de las recientes protestas en el sector agropecuario que han dado lugar al cuestionamiento de la representatividad gremial, es válido ampliar el debate a la representatividad del resto de la institucionalidad del sector agropecuario colombiano; en particular, hacia instituciones tan esenciales como el sector financiero y su incidencia en el sector agropecuario y rural.
Pese a reiteradas protestas por el sesgo urbano de la banca, la información que presenta la Superintendencia Bancaria en Agosto del 2013 no indica que haya mayores correcciones al respecto. Si se consideran las ciudades capitales y sus áreas metropolitanas como características de lo urbano, y el resto se califica como rural, se encuentra que las oficinas bancarias urbanas son un 68 por ciento del total, y el porcentaje restante se pueden calificar como rurales.
Desde el punto de vista de distribución de la cartera neta de los bancos (la cual representa un 90 por ciento del total financiero), la disparidad y sesgo en contra del sector agropecuario y sus áreas rurales es evidente. El sector rural solo participa con un nueve por ciento de la cartera neta total. El porcentaje restante se concentra en las ciudades y sus áreas metropolitanas. Por supuesto, desde estos nodos urbanos el crédito logra irradiar hacia las áreas rurales. (Lea: Vacas con GPS, el pastoreo del futuro)
No obstante, trae consigo los sobrecostos por trámites y demás costos de transacción asociados, que se traducen en exclusión para la mayor parte de los habitantes rurales.
Si se mira en profundidad los aspectos que subyacen al descontento agrario, es evidente que el debate de representatividad institucional debe ampliarse más allá de los gremios, para involucrar la representatividad en la distribución de servicios, insumos, investigación y tecnología, además de infraestructura. Visto desde el sector financiero y sus sesgos, el modelo establecido de apertura hace ya varias décadas ha fracasado rotundamente para el sector rural colombiano. (Lea: ¿Desinstitucionalización agropecuaria?)
El uso del impuesto cuatro por mil en beneficio del sector agropecuario, deberá aplicarse cuidadosamente, considerando el mencionado sesgo, del cual el sector financiero es solo una de sus evidencias. La ampliación de los canales financieros que se establezcan en contacto con lo rural (los gremios y organizaciones rurales venidas a menos hasta hace algunos años jugaban este papel) debe ser uno de los aspectos imprescindibles a considerar.
Tanto los proyectos de ley tendientes a fomentar al sector agropecuario como el naciente viceministerio de desarrollo rural deberán incorporar un aspecto tan esencial y estratégico como el financiamiento rural.