En virtud de esta Ley “se dictan normas orgánicas para el fortalecimiento de la RAP y se establecen las condiciones para su conversión en Región Entidad Territorial (RET)”, teniendo como primera prioridad la derogatoria de ese artículo 32 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que se convirtió en el freno de la consolidación de las RAP al establecer que por cuenta de la RAP “no se generará gasto del Presupuesto General de la Nación, ni del Sistema General de Participaciones, ni del Sistema General de Regalías”.

Gracias a la gestión de los gobernadores, liderados por el Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, se pudo lograr la concertación del texto final. Al final se cumplió el adagio popular de que la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Ello es una muestra palmaria de lo que se puede lograr por parte de las regiones cuando se unen.

Como es bien sabido, con fundamento en el artículo 306 y 307 de la Constitución Política de 1991 se constituyeron las RAP del Centro, la del Pacífico y la de la Región Caribe, mientras está en ciernes la del Eje cafetero. Siempre hemos dicho que las RAP son la escala técnica para llegar a las regiones como entidad territorial, también previstas en la Constitución Política, que es su puerto de destino.

Al no contar con fuentes de financiamiento propio para su funcionamiento, ni poder acceder a los recursos necesarios para acometer proyectos de inversión de impacto regional, las RAP estaban llamadas a fracasar. Pues bien, el texto de la Ley prevé que los departamentos que hagan parte de las RAP podrán aportar los recursos con cargo a su presupuesto para su funcionamiento y el Gobierno Nacional podrá hacer lo propio.

Se dice, explícitamente, que “el Gobierno Nacional podrá asignar una partida en las leyes de presupuesto general de la Nación para cofinanciar el cumplimiento de las atribuciones conferidas”. También podrán las RAP gestionar recursos de cofinanciación con los distintos niveles de gobierno, así como de cooperación internacional y, cómo no, a través de las alianzas público-privadas.

Y algo muy importante, se les faculta a las RAP para que estas puedan presentar proyectos, siempre de impacto regional, para su aprobación por parte de los OCAD (Órgano Colegiado de Administración y Decisión) y la asignación de recursos para el financiamiento de los mismos provenientes del Sistema General de Regalías, amén de la ejecución de los mismos.

Y algo tan fundamental como trascendente, es que esta Ley dispone que “el Gobierno Nacional, por medio del DNP, con la participación de los departamentos, conformará una Misión de descentralización”, la cual tendrá por cometido recomendar al Congreso medidas tendientes a ordenar un definir las competencias de la Nación y los territorios.

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El Heraldo, julio 2 de 2019