La aprobación de la reforma al Fuero Penal Militar llega en un momento decisivo para nuestros hombres en armas. La medida equilibra la balanza de la justicia, pues mientras los uniformados permanecían degradados a la infame e injusta categoría de “criminales”, la guerrilla buscaba a través de sus cuadros, la victoria política que no logró en el campo militar.

Bien por el Congreso. Deroga, como también lo acaba de hacer el Consejo de Estado, el convenio entre el MinDefensa y la Fiscalía –por el que tanto presionaron las ONG de izquierda en 2006– y restituye los derechos procesales y jurídicos a los militares. Imperó el interés nacional sobre el manoseo ideológico de los “defensores de derechos humanos”, que más parecían aves de rapiña expoliando el prestigio de la institución castrense.

Se cierra el capítulo que por 6 años, sometió las operaciones militares y los delitos cometidos por la Fuerza Pública –incluso los asociados con actos del servicio– al escrutinio de la Justicia Ordinaria. Una vía que anuló la Justicia Penal Militar y violó disposiciones constitucionales y legales –que establecían la competencia de cortes marciales y tribunales militares para juzgarlos– sometiendo a miles de militares y policías a juzgamientos arbitrarios. Un absurdo para un país en guerra que, de plano desconocía la milenaria evolución conceptual del fuero militar.

Desde 2006 nuestros hombres no sólo debían ganar la guerra en el campo militar, sino también en el político y el judicial. La más dura de sus batallas.

Con el tiempo la mayoría de los procesos se trasladaron a la justicia civil, muchos asimilados erróneamente a “falsos positivos” o violaciones de Derechos Humanos, cuando se trataba de muertes en combates contra grupos irregulares, con enorme capacidad de fuego. Las cifras lo dicen: de los 4.311 casos que investiga la Fiscalía, 735 fueron trasladados a esa jurisdicción entre 1986 y 2005. Mientras que entre 2006 y 2012 –lapso en que no operó el fuero y rigió el convenio– un total de 3.576 pasaron a esa instancia, un aumento de 386%. Una peligrosa tendencia que afectaba el derecho al debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a una defensa técnica y a un tribunal especializado. Fallas que esperamos remontará la nueva ley.

Aplaudimos que el país haya sido superior a la campaña de debilitamiento de la Fuerza Pública –bien orquestada desde el exterior– que minó su moral de combate.

Al menos 85% de los procesos quedo en tribunales que poco sabían del accionar militar y son muchos los casos  en los que les tocó a los uniformados aceptar cargos sin tener ninguna responsabilidad, como única opción para acceder, al menos, a una rebaja de penas. Tremenda injusticia, luego de jugarse la vida en la manigua o en peligrosas barriadas de Cali, Medellín o Bogotá en defensa de la democracia y la soberanía, tenían que responder judicialmente. Mal paga esta sociedad a quien le protege.

Ha de saber Miguel Vivanco, de Human Rights Watch y las ONG internacionales y nacionales, que pretendieron regar su venenoso discurso, con afirmaciones tan temerarias como que el fuero otorgaba a los militares una “licencia para matar sin rendir cuentas a nadie”, que por unas pocas manzanas podridas no se puede demonizar y de paso desmoralizar a toda una institución de 500 mil efectivos. Por supuesto, es parte de su práctica de creerse “juez mundial” que mira la paja en el ojo ajeno, cuando en casa la viga traspasa fronteras.

Debe quedarle claro al señor Vivanco, que este país no transó su soberanía ni su autodeterminación, para dejarse imponer un fuero militar que recortaba la capacidad ofensiva de la tropa, como si los narcoterroristas de las FARC o del ELN hubiesen respetado en 50 años, los derechos y la dignidad de miles de civiles indefensos y de cientos de militares.

Están latentes secuestros, masacres y genocidios, que hoy desmienten con un cinismo calculado. Debe notificarse también al señor Vivanco, que esta sociedad no renuncia a perseguir el hampa, que honra a sus héroes de guerra y no comulga con “cadenas perpetuas” para ellos, mientras el narcoterrorismo obtiene indultos y se apoltrona, desde Cuba, en nuestras instituciones. A lo suyo señor Vivanco. El derecho Internacional Humanitario y la defensa de los Derechos Humanos no pueden tener sesgos antimilitaristas. Usted debería saberlo.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.