A la luz de los últimos sucesos en las conversaciones en La Habana, y del improvisado periplo por Europa del presidente Santos para pedir dinero y respaldo político para sus planes “de paz”, se puede deducir que el mandatario colombiano está estructurando un espectacular salto cualitativo en el proceso de entrega del país a las Farc.

La fecha de ese acontecimiento podría ser diciembre próximo. La época navideña siempre ha sido propicia en nuestro país para realizar toda suerte de maniobras de ilusionismo político. El plan de Santos supone aprovechar el estado actual de la opinión pública, desmovilizada, desorientada y dividida por la propaganda oficial.

La reunión de los capos mayores de las Farc en Cuba, la instalación clandestina del prófugo Timochenko en la capital de esa isla, la carta de este exigiéndole a Santos “aislar definitivamente” al expresidente Uribe y al Centro Democrático, y el comunicado del 24 de octubre de las Farc, donde anuncian la estructuración de una “subcomisión de normalización” que decidirá sobre “cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo, y dejación de armas”,  donde reiteran, una vez más, que las Farc no entregarán jamás las armas aunque firmen un acuerdo con Santos, permite pensar que la perspectiva que se abre no es la de un año más de cansinas y obscuras negociaciones en la isla-prisión sino de un asalto descarado, pero negociado y a corto plazo, hacia el control del Estado colombiano.

Es útil recordar que en su comunicado del 24 de octubre, la dirección de las Farc exige con gran desfachatez el desmonte y la redefinición del rol de las Fuerzas Militares y de Policía de Colombia, al insistir en sus falsificaciones de siempre: que Santos debe aceptar el “regreso de la Fuerza Militar a su rol constitucional de defensa de las fronteras y su no utilización irregular para asuntos de orden público interno”. Embuchado: jamás el “rol constitucional” de la fuerza pública ha sido ese. El artículo 217 de la Constitución dice otra cosa muy diferente: “Las Fuerzas Militares [Ejército, Armada y Fuerza Aérea] tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”.

El equipo de Timochenko trata de embaucar a la opinión cuando dice que “las fuerzas de policía debían desmilitarizarse prescindiendo de su actual doctrina contrainsurgente que atenta contra las libertades ciudadanas”. En ninguna parte de la Constitución de Colombia dice que la policía no puede actuar en tareas de contrainsurgencia. No lo dice ni lo puede decir pues el fin primordial de la policía nacional es “el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz” (artículo 218 de la CN). Quien atenta contra las libertades ciudadanas desde hace más de 5 décadas en Colombia es la subversión armada comunista, no las Fuerzas Militares y de Policía del sistema democrático que luchan contra esa amenaza.

En diciembre, esas exigencias formuladas por las Farc en el citado comunicado podrían convertirse en el centro de los pactos de cese al fuego bilateral que podrían ser firmados y mediatizados por Santos. Nadie olvida que la jefatura de las Farc anuncia ese cese al fuego bilateral como si el camino hacia eso ya estuviera despejado. Es verdad que tal exigencia fue rechazada por el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, el 22 de octubre, pero no es menos cierto que esa idea fue relanzada inmediatamente como una posibilidad por el negociador Humberto de la Calle Lombana, en su declaración del 24 de octubre pasado, al hablar de “la posibilidad del cese definitivo del fuego en todo el territorio nacional”. El 27 de octubre el presidente Santos advirtió a los colombianos que deberían “tragar sapos” si quieren que haya paz, lo que confirma su capitulación. El presidente del Congreso, Amín, dijo por su parte que era hora de firmar un “cese bilateral de hostilidades”.

El equipo de Santos envía pues mensajes contradictorios y no expresa una orientación clara sobre el cese al fuego bilateral con las Farc. Eso no es una casualidad. Es obvio que el esfuerzo de Santos va en la dirección de mantener a la opinión pública en una confusión completa respecto del cese al fuego bilateral con las Farc, un punto cardinal para la seguridad y para la soberanía del país.

Un cese al fuego bilateral obligaría a todos los elementos de la Fuerza Pública a cesar sus patrullajes, controles y tareas, en todo el territorio de la República, sobre todo en las aéreas de orden público. La ventaja así concedida a los aparatos armados de la subversión y a los carteles de la droga, Bacrim y afines, será inmensa. No se puede descartar que, un cese al fuego bilateral, como ocurrió brevemente durante el Gobierno de Belisario Betancur, sea aprovechado por las Farc y el Eln para construir una nueva coordinadora guerrillera, a la que se sumarían, como en el pasado, combatientes venidos de otros países.

Peor, no debe ser descartado que tal desmilitarización facilite el ingreso a Colombia, por las fronteras más expuestas, de soldados extranjeros bien entrenados, encapuchados y sin distintivos militares, como hizo hace unos meses Rusia en Ucrania. Ello es posible pues los regímenes de Cuba, Venezuela y Ecuador están detrás de las supuestas negociaciones de paz en La Habana.

En ese contexto, la invitación de Santos a Uribe para que acepte hablar de paz con él busca transferir la culpa del impase del proceso de paz al expresidente Uribe para aislarlo nacional e internacionalmente, tal como pide Timochenko.

Con esa invitación hipócrita están tratando de eludir también su respuesta a “Las 68 capitulaciones de Santos en La Habana”, excelente documento del Centro Democrático que Santos no ha estado en capacidad de contestar ni de cuestionar, si se exceptúan los insultos, único sistema de comunicación de Santos ante la oposición.

Tratan de hacer ver a Uribe, al Centro Democrático, al procurador Ordoñez Maldonado, al exministro y periodista Fernando Londoño Hoyos, y a la fracción más lúcida del Partido Conservador, como los últimos obstáculo que quedan para poder firmar un pacto “de paz” maravilloso, un pacto suicida para los 47 millones de colombianos, para el Estado y, desde luego, para el mismo gobierno capitulacionista, y para la prensa que lo sigue ciegamente, quienes serán barridos rápidamente del escenario una vez hayan cumplido su compromiso de abrirle las puertas de la institucionalidad colombiana a las Farc y al patrón de estas, el régimen totalitario de Cuba.

Le están pidiendo a Uribe aprobar algunos aspectos de las negociaciones que el Gobierno adelanta en La Habana. No sería extraño que llegaran al extremo desesperado de invitarlo a La Habana con la esperanza de que ceda ante algo de lo que allí se prepara. No conocen el recio patriotismo del expresidente y senador. Álvaro Uribe no aceptará probablemente validar ningún aspecto de unas negociaciones cuyo contenido real y completo ni él ni nadie conoce, salvo Timochenko y Santos. Son negociaciones sui generis, que tienen una parte ultra secreta y una parte visible (los 65 folios) que producen escalofríos. Nadie conoce los contenidos exactos, los detalles, alcances y perspectivas reales de esos compromisos.

Es la hora de pasar a la ofensiva. El uribismo podría convocar y movilizar al pueblo en las calles y plazas públicas contra un “proceso de paz” que más parece un proceso de suicidio general. No basta la batalla de ideas, ni la leal oposición parlamentaria. Hay que apelar al pueblo, como hicieron los ucranianos, los egipcios, los tunecinos, para frustrar los planes entreguistas. Nadie en Colombia, y mucho menos la oposición parlamentaria uribista, son “enemigos del proceso de paz”. Para que la oposición se siente a discutir con Santos las condiciones de un arreglo eventual de paz 3 condiciones básicas deberían ser cumplidas:

1.   Libertad completa y total de expresión, de prensa y de reunión pública y privada para discutir en todo el territorio acerca del proceso de paz.

1. • Cesar con el secretismo de las conversaciones con las Farc. Esas conversaciones deben ser abiertas. El Congreso debe ser quien escoja las víctimas que viajan a la mesa de negociaciones y quien escoja las modalidades de la demás operaciones “de apoyo” al proceso de paz. Nada justifica el estilo cerrado y excluyente de esas conversaciones (hasta con visitas clandestinas y no previstas a La Habana de criminales de guerra  como Timochenko y otros jefes del narco terrorismo). Ese modelo refuerza a las Farc y desorienta a los colombianos.

3.- El traslado de esas conversaciones a un país democrático, amigo y neutral, en Europa, por ejemplo, donde los negociadores de las Farc tengan garantías y confort. No más negociaciones del destino de Colombia bajo la férula de Raúl Castro.