Si vamos a hablar de corrupción, obviamente tenemos que posar nuestra mirada sobre el senador Roy Barreras, el “poeta furtivo”, señalado por su participación -según consta en múltiples denuncias que reposan en la Fiscalía General de la Nación y en la Corte Suprema- en distintos sumarios penales, cada uno más escabroso que el otro.

En abril del año pasado, el señor Luis Hugo Torres Díaz formuló una denuncia sustentadísima (ver denuncia) en la que puso en conocimiento, tanto de la Fiscalía como de la Procuraduría, un entramado criminal que significó la malversación, según el denunciante, de más de $50 mil millones de pesos. De acuerdo al documento, Barreras ejercía control absoluto sobre la ESAP (señalamiento que incluso ha hecho el actual director, Pedro Medellín). En la denuncia, que reposa en la Fiscalía General de la Nación, se lee que “toda una empresa criminal se creó y operó exclusivamente para apoderarse de recursos públicos de la ESAP, a través de las más variadas operaciones contractuales especialmente con la empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca…”.

Resulta sospechoso que esa persona jurídica cundinamarquesa haya terminado involucrada en la suscripción de acuerdos interadministrativos con la ESAP, convenios que, a su vez –y ahí es donde comienza la maraña que facilita la desaparición del billete–, le eran cedidos a fundaciones y empresas sin idoneidad alguna. A un lado de la cuerda estaban las directivas de las ESAP –cuotas de Barreras–, y al otro una compañía adscrita a la gobernación de Cundinamarca, controlada por un exparlamentario del ese departamento, muy cercano a Roy. Parafraseando al generalísimo, todo estaba atado y bien atado.

La denuncia contra Barreras narra con lujo de detalles las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que ocurrieron los hechos. Incluye los nombres de las personas que participaron en el entramado, entre ellos los hermanos y veedores ciudadanos Calderón España, los “doctores Fernando Medina y Eduardo Rojas, testaferros del Senador” y nadie menos que la distinguida esposa del congresista, Gloria Elena Arizabaleta, hoy funcionaria de la Fiscalía General (¡!). “… Todos ellos presentaron firmas sin experiencia, pero amigas, que manejaban a su antojo, retiraron y se apropiaron de los millonarios anticipos, ingresaban esas sumas a sus patrimonios y cuentas de ahorro y corriente, sus patrimonios se incrementaron 1000 % en el año 2016, 2017 y 2018 (sic)”, asevera el denunciante.

Paralelamente, la Contraloría General de la República inició una auditoría independiente a las finanzas de la ESAP para el año 2018 -cuando aparentemente Barreras ejercía control sobre esa entidad-. El resultado, contenido en un voluminoso informe de más de 100 páginas, es aterrador. En sus conclusiones se lee que “como resultado de la auditoría, la Contraloría (…) constituyó 12 hallazgos administrativos”. (Ver auditoría)

Como ciudadano, les solicito a la administración de justicia y a los organismos de control que le cuenten al país en qué van las investigaciones por el burdo saqueo a la ESAP. ¡Ah, y también sería bueno que el doctor Barreras nos aclare la historia de los $1.200 millones de pesos en efectivo que una banda criminal sustrajo de un apartamento suyo en la ciudad de Cali! Hasta ahora, el congresista ha dicho que el dinero le pertenecía a una humilde modista y a su pareja, un conductor particular. CAPRECOM merece un capítulo especial.

Alguien se va a “reventar” pronto, y, cuando eso pase, todas las ratas tratarán de saltar del barco.

Abelardo De La Espriella: Es Abogado, Doctor Honoris Causa en Derecho, Máster en Derecho, Especialista en Derecho Penal y Especialista en Derecho Administrativo. En 2002 fundó la firma, DE LA ESPRIELLA Lawyers Enterprise Consultorías y Servicios Legales Especializados, de la que es su Director General. Es árbitro de la lista A de la Cámara de Comercio de Bogotá. Ha sido apoderado de los procesos jurídicos más importante de la última década. abdelaespriella@lawyersenterprise.com