En estos tiempos de entusiasmo creciente por la lucha anticorrupción, es importante tener conciencia de que aquella pasa indefectiblemente por una reforma estructural a la justicia.   Hay un elemento común a las democracias civilizadas en todo el mundo: la justicia oportuna, independiente, ponderada y despolitizada. Cuando la justicia mira de frente y no a los lados, su majestad brilla, y la dignidad la arropa. De que la justicia no se baje del pedestal en el que debe estar al fango de los intereses subalternos, depende en gran medida la estabilidad de una nación. Dicho de otra forma: SOLO la aplicación de una justicia imparcial garantizará el equilibrio necesario para lograr, como en nuestro caso, el desarrollo de un Estado fallido, que habrá de reinventarse y sostenerse bajo la égida de un aparato judicial íntegro e incuestionable.   La fuente de todos los males de cualquier pueblo es la injusticia, pues genera múltiples  tipos de violencias. Y, cuando el atropello se produce de la mano de un juez o de cualquier otra autoridad judicial o gubernamental, la desconfianza se toma la plaza, y el administrado desdeña de sus compromisos y obligaciones como ciudadano. De ahí en adelante, una cadena de infortunios se desata, y los daños colaterales a la institucionalidad son incalculables. Aquellos que son secundados por jueces con agendas políticas o personales hacen lo que les viene en gana, pues se saben “blindados”, y los que resultan perseguidos se defienden como pueden, y es así como el caos se vuelve paisaje.   Lamentablemente, en Colombia se aplica el “derecho del enemigo”, instrumentalizando a la justicia para perjudicar al contrario de una manera u otra, a veces con cárcel. El derecho está creado para regular la vida en sociedad, para cohesionar a la gente, no para dividirla; en consecuencia, este debe cumplir su función de darle a cada quien lo que le corresponde, sin que manos criminales e inescrupulosas maleen su verdadero espíritu. El problema no solo es legal; también es humano.   En mi calidad de colombiano en ejercicio y de usuario del sistema judicial, me permito proponer algunos temas, que, a mi juicio, acercarán a la justicia a lo que debería ser:   1. Los funcionarios judiciales deben atenerse a la letra exacta de la ley (modelo kelseniano): adiós a la interpretación de la norma y a todo lo que sea extrajurídico. 2. El precedente judicial debe ser obligatorio: ya basta de posturas distintas, en casos con supuestos fácticos y jurídicos similares. Nada genera más inseguridad legal. 3. Control material de todo tipo de procesos jurídicos: que un juez o magistrado pueda desestimar de entrada la causa que no tenga mérito. 4. Creación de la jurisdicción especial para tutelas. 5. Acceso expedito y sin limitaciones a la justicia para el ciudadano de a pie. La administración de justicia debe ser asequible y oportuna para todos. 6. Eliminación total de las funciones electorales en cabeza de funcionarios judiciales. Los jueces están para hacer justicia; no política. 7. Estructurar un régimen de inhabilidades e incompatibilidades muy estricto, para los parientes de magistrados y demás funcionarios de la Rama Judicial que pretendan emplearse con el Estado. 8. Para que haya verdadera independencia, es necesario que tanto jueces como fiscales ocupen sus cargos en propiedad, por cuenta de un concurso de méritos. 9. La mejor manera de descongestionar nuestro sistema judicial es obligando a todos los sujetos procesales a cumplir los términos legales, so pena de drásticas sanciones. 10. Prohibir expresamente que tanto funcionarios como abogados hagamos intervenciones mediáticas sobre los procesos que tenemos a cargo. La justicia espectáculo se la inventaron los operadores judiciales que notifican a las partes a través de los periódicos y emisoras, y que filtran piezas procesales para debilitar al encartado, dejando sin opción distinta al apoderado que seguir ese juego perverso.

Esta es la primera entrega de varias, en las que tocaré un asunto de la mayor importancia para esta patria, en la que la justicia es una ilusión.   La ñapa I: Parece ser que es cierto que el “gago” hizo un daño grande: falta la bobadita de 25 billones de pesos para el presupuesto del 2019.   La ñapa II: Para los que todavía creen que los alcaloides no causan daño cerebral, solo lean las sandeces que escribe Martincito Santos.   La ñapa III: Se volaron los bandidos de Iván Márquez, el Paisa y Romaña, y el apátrida de Iván Cepeda todavía los defiende. ¡Qué bárbaro!   Abelardo De La Espriella: Es Abogado, Doctor Honoris Causa en Derecho, Máster en Derecho, Especialista en Derecho Penal y Especialista en Derecho Administrativo. En 2002 fundó la firma, DE LA ESPRIELLA Lawyers Enterprise Consultorías y Servicios Legales Especializados, de la que es su Director General. Es árbitro de la lista A de la Cámara de Comercio de Bogotá. Ha sido apoderado de los procesos jurídicos más importante de la última década. abdelaespriella@lawyersenterprise.com