La percepción es que el Gobierno perdió el rumbo de la realidad nacional y las dinámicas regionales. Una peligrosa vía que lo llevó a tomar decisiones erróneas, que dilapidaron el buen clima de seguridad ciudadana, los favorables vientos económicos y la bonanza de recursos –fiscales y del entorno inversionista– que tuvo entre sus manos. Hoy, preso de sus apuestas arriesgadas, el Gobierno luce sin margen de maniobra para impulsar el aparato productivo, atajar la protesta social o reactivar la lucha anti-terrorista. (Columna: País descuadernado)

En el frente económico, por ejemplo, aunque el Gobierno le apunta a un crecimiento del 4.5% para 2013, no da muestras de corregir la extrema volatilidad de la tasa de cambio, como para que abriguemos su optimismo. De hecho, el crecimiento del PIB ha venido desacelerándose desde finales de 2011, sin muestras de revertir su tendencia.

Un comportamiento atribuido en buena medida a la revaluación, que ha sido dramática sobre muchas variables y sectores que intervienen en la formación del PIB. Si la actividad económica sigue esta peligrosa senda, su efecto será trágico sobre el empleo y, de rebote, sobre el consumo y las metas de recaudo del Gobierno, que ya patinan en su cuestionada reforma tributaria. (Columna: Flor de un día)

Y es que el tema de los ingresos cobra relevancia, a la luz de la creciente movilización social, pues el Gobierno se vería abocado a financiar, con deuda pública, el nuevo gasto para atender las demandas legítimas de la población. Una verdad que incluso habla mal de la ejecución del rubro de inversión del Presupuesto, que pese a ser el más alto en la historia del país –$43,7 billones– presenta rezagos imperdonables. Nota característica de esta administración. Así, mientras sectores como el agropecuario enfrentan situaciones críticas de cara a los TLC, que demandan inversiones urgentes para apalancar su competitividad, el nivel de ejecución real no supera en promedio el 35% a mitad del año.

Esto en buena parte como resultado de los mensajes equívocos que ha enviado este Gobierno y que hoy lo tienen apagando incendios. Pero, sigamos. En política de seguridad el retroceso ha sido incuestionable. Aumentaron los secuestros, la extorsión, el hurto y el terrorismo. Enfrentamos la retoma de territorios por parte de las Farc y el ELN, el rediseño de las Bacrim, la consolidación de sus alianzas y hasta la diversificación de sus fuentes de financiación. El asunto es que mientras se exigen resultados a la tropa, se negocia con los narco-terroristas toda suerte de prerrogativas en La Habana y se propone la despenalización de las drogas, a sabiendas que ha sido su combustible. (Lea: Mueren 15 militares en emboscada de Farc, Santos insiste en negociar)

Y, claro, han sido 3 años haciendo demagogia con la tierra, cuya primera expresión hoy la padecen miles de habitantes y productores del Catatumbo. Una crisis que amenaza con salirse de madre, entre otras razones por que su solución está atada a los mandatos de Cuba. Es más fácil armar la mesa de negociación del Catatumbo en La Habana que en Tibú. Honradamente, creo que el Catatumbo merece un futuro con esperanza. Tanto como los mineros artesanales o los lecheros, arroceros, algodoneros, paneleros, cafeteros o trabajadores de la industria siderúrgica, actividades de las que dependen miles de familias. (Columna: El “efecto” Catatumbo)

Ya está bien de sembrar vientos para recoger tempestades. Es hora de levantar el ancla y corregir el incierto rumbo, que supera con creces la infiltración de la extrema izquierda o la derecha. Pero es una tarea que no podrá hacerse cediendo a las vías de hecho que instigan las Farc, sino desde un Gobierno consciente de sus funciones, conocedor de la realidad regional, con capacidad de ejecución y más cercano a las necesidades de los colombianos que trabajan desde la legalidad.