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¿Quién organiza y financia el vandalismo en las manifestaciones pacíficas que nunca lo son? Los elenos reivindicaron su estrategia de infiltración y está probada la de las disidencias. ¿Y qué financia al ELN, a las disidencias farianas y a todos los grupos ilegales? El narcotráfico.
¿Quién asesina líderes sociales, reclamantes de tierras o, simplemente, miembros de Juntas de Acción Comunal, de las que hay una en cada vereda de cada municipio? El ELN, las disidencias y demás mafias ¿Y qué tienen en común todos ellos? El narcotráfico.
Narcotráfico en los campos, microtráfico en las ciudades pervirtiendo a nuestra juventud. Recogimos de la basura la vergüenza de ser otra vez el primer productor de coca del mundo, y hoy cargamos también con la vergüenza –y la desgracia– de ser un país consumidor.
Durante el gobierno Santos y bajo la presión extorsiva de las negociaciones con las Farc, y también de los gobiernos de Chávez y Maduro en Venezuela y de Correa en Ecuador, se prohibió la aspersión aérea con glifosato, se derrumbó la lucha contra el narcotráfico y el país pasó de 47.000 hectáreas de coca y bajando, a 210.000 y subiendo, hasta que en 2019 el gobierno Duque detuvo esa tendencia.
¿Quiénes eran los responsables de que eso no sucediera? Los ministros de Defensa de Santos, que incumplieron su misión constitucional, sin que les adelantaran moción de censura los mismos congresistas que hoy, reforzados por los que consiguieron curul gratis, persiguieron con dos mociones al exministro Botero y hoy pretenden acorralar a Trujillo porque no les gustó la forma como pidió disculpas, que tampoco le gustó a nuestra politizada justicia.
Los protagonistas son los mismos: la izquierda y el centrosantismo, interesados en defender los aberrantes compromisos con las Farc a los que llaman “paz”. El montaje es el mismo: acusar al Gobierno de revictimizar, cuando son ellos los que manosean a las víctimas como bandera política; acusar al Gobierno de una violencia que ellos mismos propician, impidiendo la lucha contra el narcotráfico, promoviendo la protesta permanente y paralizante, y azuzando la violencia y el odio contra el presidente.
La estrategia es la misma: el discurso antigobiernista y el insulto vociferante. Al Gobierno lo tildaron de dictadura civil, autoritarismo democrático, violador de la libertad de prensa y mentiroso, para citar lo menos; y al ministro de indigno, estúpido, truculento, mentiroso, prepotente, manipulador, incapaz y mezquino, entre otras diatribas.
¿Qué ministro le sirve a la oposición? Ninguno, porque el ataque no es contra el ministro sino contra el Ministerio, contra la Seguridad Nacional que se quiere debilitar y contra la Fuerza Pública que se quiere deslegitimar; ayer fue Zapateiro y hoy Atehortúa. No importa el general o el ministro; lo que importa es golpear al Gobierno.
Los atacantes son los mismos que impiden la lucha contra las drogas que generan la violencia, de la cual, por ello, son también responsables. Responsables de seguir maniatando la seguridad del país para que prosperen la violencia y el caos, y así, emerger en 2022 como salvadores e imponernos el socialismo de la vecindad.
Nota bene. Irresponsables las ONG, los animalistas, vegetarianos y veganos extremos, que promueven el “Día sin carne” sin pensar en los miles de campesinos que viven de la ganadería, ni en los empleos de la cadena cárnica en plena pandemia; sin pensar, sobre todo, en el desarrollo adecuado de millones de niños, porque la ausencia de proteína animal perjudica su salud. FEDEGÁN seguirá defendiendo de semejante irresponsabilidad la noble labor de producir carne y leche, y la importancia insustituible de estos dos alimentos.
@jflafaurie