Ahora sí se podría diseñar una verdadera política pública para recuperar la producción agropecuaria y dignificar la vida rural. 3 años después, hay muchos anuncios pero no se ven resultados.
¿Cómo cumplir entonces la promesa de transformar el campo sin conocerlo? ¿Cómo echar a andar una locomotora moderna con el manual de instrucciones de una de carbón? Son muchas las preguntas para las que, directa o indirectamente, esperamos sacarle respuestas al censo agropecuario ¿Qué se está produciendo, cuánto, en dónde y cómo? ¿Cuánto minifundio hay en el país y cuánto se necesita para atender la economía campesina con márgenes dignos de utilidad? ¿Cuánta concentración hay realmente y cuánta se requiere para proyectos de gran escala, que le permitan al país equilibrar su posición frente a los TLC?
Quedó en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y se vendió como una prioridad, pero solo inició hasta 2013, cuando el país realizaba consultas previas, elección presidencial y de Senado y Cámara, una época que el entonces Director del Dane, Jorge Bustamante, consideró “particularmente inapropiada”, lo que habría de costarle la salida del cargo.
Se dijo que costaría $200 mil millones, después que $285 mil y terminó costando más de $350 mil millones, pero el actual Director afirmó en entrevista radial que no había tenido sobrecostos. Se informó públicamente que habría resultados entre octubre de 2014 y marzo de 2015, y el mismo Director dijo que estaría listo en diciembre de 2014 como insumo del nuevo Plan de Desarrollo, pero allí ni siquiera se hace alusión al censo ni a sus cifras. Nadie conoce resultado alguno, pero el funcionario insistió sin sonrojarse en que estaba terminado y tampoco había tenido demora alguna, ante lo cual el periodista, simplemente, optó por agradecerle y cortó la entrevista de un tajo.
¿Qué le pasó al censo agropecuario?, solicitado por los gremios durante años, promovido por el Gobierno como gran prioridad y parte de sus compromisos en las negociaciones con las Farc. En reciente columna, un exfuncionario del DANE y consultor especializado, se refería a presuntas deficiencias de marca mayor en la calificación del personal que las autoridades locales impusieron como encuestadores, que no fue capaz de manejar con suficiencia los dispositivos móviles de captura (DMC), lo cual obligó a la utilización de formularios, a la vieja usanza, situación que estaría detrás de las demoras y sobrecostos que el DANE insiste en negar.
No se trata de “dar madera”, necesariamente. En un proyecto de tanta complejidad como el de censar, predio a predio, el extenso y abandonado campo colombiano, puede haber demoras, tropiezos y sobrecostos, ya sea por dificultades de transporte, climáticas y hasta de seguridad de los encuestadores. Fedegán lo sabe muy bien, como quiera que, desde hace 15 años, visita 2 veces por año el 95 % de los predios con presencia ganadera en todo el país, para aplicar la vacuna contra la fiebre aftosa. Lo importante es aceptar y corregir, pues algo de tanta trascendencia para el sector agropecuario y la vida rural debe quedar bien hecho. Negar obstinadamente y contra toda evidencia, no genera sino incertidumbres innecesarias y desconfianza en los resultados, cuando quiera que puedan salir. Es hora de rectificar. El DANE es una entidad con trayectoria de seriedad técnica y el censo agropecuario un proyecto que merece toda credibilidad.