Los hechos violentos de la semana pasada le bajaron el volumen a la declaración juramentada de Rodrigo Londoño ante la JEP. Según los medios, el ex comandante guerrillero y miembro del Secretariado, habría negado que en las Farc reclutaran menores y realizaran violaciones y abortos a mujeres. Y habría dicho, lavándose las manos, que como comandante le era difícil controlar lo que pasaba en cada Frente, pues él se dedicaba a cuidar familias campesinas.

De ser así, la pregunta que surge es ¿Por qué insistiría en mentirle al país si se comprometió a decir la verdad, si sabe que la guerrilla incurrió en esos y en otros delitos atroces, que la JEP cuenta con miles de casos referenciados y con pruebas sobre los hechos y, que la verdad judicial es un requisito sine qua non para mantener los beneficios que ha recibido? ¿Por qué se empeñaría en mentir y señalar que de haber ocurrido esos delitos fueron a sus espaldas?

Para encontrar la respuesta debe recordarse que la Ley Estatutaria de la JEP prohíbe que se otorguen amnistías e indultos a los autores de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, reclutamiento forzado, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracción de menores, tortura y toma de rehenes u otra privación de la libertad, entre otras conductas tipificadas en el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional Humanitario, DIH.

Es decir, quienes hayan incurrido en esos delitos deben pagar una de tres sanciones: trabajos de reparación con ‘restricción’ de la libertad de 5 a 8 años a quienes reconozcan la verdad y su responsabilidad; privación de libertad en establecimiento carcelario de 5 a 8 años a quienes reconozcan responsabilidad de manera tardía y, privación de la libertad en una cárcel, de 15 a 20 años, a quienes no reconozcan responsabilidad y sean hallados culpables por la JEP.

Si Londoño reconociese la verdad y su responsabilidad como comandante, la sacaría barata; en el peor de los casos iría a una finca a criar marranos y gallinas para honrar la memoria de ‘Tirofijo’ y “a hacer una obra o un trabajo reparativo”. Pero no, pareciera que optó por no decir la verdad ante la JEP, a riesgo de ser sancionado con medidas privativas de la libertad, de entre 5 y 20 años de cárcel (penas ínfimas y ridículas, pero son las del acuerdo de paz).

Mentir sobre unos hechos tan evidentes, sabiendo que al hacerlo debería perder los beneficios y enfrentar la justicia ordinaria, lleva a preguntarse de nuevo ¿Por qué lo haría? ¿A qué juega? Dos hipótesis: confía en que no le podrían probar que fue autor material o intelectual de los delitos atroces antes enunciados y que conocía de los hechos, o confía plenamente en que la JEP no se atrevería a tocarlo; que, de hacerlo, con él se caería la estantería del proceso de paz.

La JEP debe actuar sobre los máximos responsables de los crímenes atroces y Londoño es uno de ellos; negarlo es tapar el sol con las manos. La declaración que circuló en los medios, según la cual él no podía controlar lo que sucedía en cada Frente, porque además él solo se dedicaba al cuidado de campesinos, además de cínica, sería insultante. Más en una guerrilla donde no se movía una hoja, so pena de fusilamiento, sin el consentimiento de los jefes.

Si lo difundido por los medios responde a la declaración de Londoño ante los magistrados, debería retractarse y decir la verdad: asumir la responsabilidad que le cabe. Si se hace el loco ante hechos tan tozudos, el tribunal no debería tener opción a retirarle los beneficios, enviarlo a prisión y transferir su caso a la Fiscalía. Es necesario entonces, validar lo que declaró ante la JEP, y entender que, si no aporta verdad judicial y acepta su responsabilidad como uno de los máximos dirigente de la guerrilla, será él quien hará trizas el maltrecho acuerdo de paz.

El País. Septiembre 20, 2020