En este mar embravecido de señalamientos, y reacciones viscerales, la primera sacrificada es la verdad.  

Durante todo el proceso de conversaciones en La Habana, la constante ha sido descalificar al expresidente Uribe y a los integrantes de Centro Democrático con la sindicación falaz de ser enemigos de la paz.   Desde un principio el Gobierno escogió dicho camino por cuanto decidió que esa era la estrategia electoral apropiada.   Y no la ha abandonado.   Por el contrario, continúa usándola, y ahora, muy seguramente, la empleará con motivo de la celebración del plebiscito.   No obstante, los hechos van logrando que las verdades se conozcan, así sea después de un tiempo prolongado.   Eso va a suceder con los planteamientos que se han hecho desde la oposición democrática.   Cuando se pidió el cese unilateral de las acciones criminales de las Farc, entendida como una condición para adelantar conversaciones sin la premura del tiempo y en medio de un ambiente de cierta confianza, la respuesta fue señalar a quienes lo reclamaban con el calificativo de amigos de la guerra.   Ahora, el Gobierno acude a mostrar los efectos benéficos para la nación de dicho cese por parte de las Farc.   Cuando se dijo que para darle credibilidad al mencionado cese unilateral era necesaria la verificación hecha por un organismo serio y experimentado, inmediatamente se descalificó a los defensores de esa idea bautizándolos de enemigos de la paz.   Ahora, el Gobierno muestra como un gran logro no solamente la verificación,  sino que ésta sea hecha por la ONU.   Cuando se manifestó que para conseguir lo uno y  lo otro era indispensable la concentración, cayeron rayos y centellas sobre quienes planteaban tal cosa acusándolos de pretender obstaculizar el proceso.   Ahora el Gobierno discute las características de zonas en las cuales se establecerán las Farc para efectos de la verificación del cese de fuego y hostilidades. ¡Vivir para ver!   Sigamos:   Cuando Uribe propuso un gran acuerdo nacional en materia de justicia antes de cerrar ese punto en Cuba, los esfuerzos que se hicieron pusieron en evidencia, al final, que lo que se buscaba no era construir conjuntamente una posición.   Se quería el apoyo del jefe de la oposición a lo ya acordado.   Cuando la cabeza de Centro Democrático, después de criticar, con toda razón el plebiscito, abrió la puerta para que se discutiera un mecanismo distinto a fin de que los colombianos pudieran tomar su decisión en forma adecuada, la respuesta fue el silencio.   Cuando, desde la llanura, algunos colombianos, como el autor de estas líneas, planteó con terca ingenuidad la urgencia de un acuerdo político y de Estado sobre un mecanismo de refrendación adecuado, todo se recibió con indiferencia.   Pueden hacerse otras menciones, pero hagamos referencia a la nueva propuesta que acaba de hacer el ex presidente Uribe.   Si el Gobierno y las Farc reabren los capítulos relacionados con la impunidad y la elegibilidad, estaríamos dispuestos a participar en esas conversaciones, dijo el exmandatario.   Vamos a ver qué pasa ahora.   A pesar de las desabridas declaraciones del Ministro del Interior, que le da un portazo a esa posibilidad, es mejor no guardar silencio.   Para responder a quienes seguramente dirán que eso es imposible, y que se trata de un nuevo intento de acabar con el acuerdo, bueno es decirles que están equivocados.   Será imposible, si es que es verdad aquello de que la paz es con todos, ¿trabajar un esquema de sanciones sobre la base de la reclusión, no de la privación de la libertad ni de la restricción de la misma?   ¿Será imposible encontrar coincidencias en materia de elegibilidad, que se edifiquen alrededor de un marco sancionatorio como el anteriormente planteado, que lleve a esa posibilidad después de cumplida la sanción respectiva?   La discusión no es sobre la participación en política de las Farc, es acerca de la situación de los culpables de los más graves delitos.   Y no olvidemos que entre elección y elección hay 4 años, al tiempo que la pena mínima consagrada en la ley de justicia y paz es de 5 años, pero puede convertirse en  tres años y medio.   Al final de cuentas, todo es un asunto de voluntad.   El Nuevo Siglo, Bogotá, 24 de julio de 2016.