Haber desperdiciado la oportunidad de lograr un acuerdo nacional para la paz no será un tema menor en la historia del país.

Ese gigantesco error histórico tendrá ecos duraderos.   Era tan importante para la nación alcanzarlo, que las consecuencias de no buscarlo con la determinación necesaria se sentirán a lo largo del proceso de implementación del acuerdo de La Habana, cuya duración real, dígase lo que se diga, es impredecible.   En aras de hacer mayor claridad sobre las afirmaciones anteriores, es útil recordar que Centro Democrático anunció que se comprometería a apoyar plenamente el desarrollo de lo acordado, y que desligaría la mencionada implementación de la campaña política dirigida a elegir congresistas y Presidente de la República.   Propuso, pues, unidad, cohesión, solidez y estabilidad a lo convenido.   Todos los escenarios fueron espacios apropiados para defender la conveniencia de construir consensos y garantizar la sostenibilidad del pacto del Colón.   Infortunadamente, fue imposible conseguirlos.   Se impuso el afán de firmar algo para llegar con un trofeo a la capital de Noruega, triunfó la inflexibilidad de los firmantes, faltó la paciencia requerida para encontrar fórmulas viables en aquellos aspectos que más incidieron en el triunfo del No en el plebiscito, primó el propósito de convertir en victoria lo que fue, y sigue siendo una derrota para el Gobierno y las Farc, en fin, ganó la falta de perspectiva histórica.   Y, a eso, se le ha pretendido vestir con una legalidad aparente.   El Congreso dizque refrendó el acuerdo sin que la figura exista en la Constitución, y utilizó para hacerlo facultades que no tiene.   Tanto es así, que la Corte Constitucional, en providencia que no la honra, resolvió inventarse una interpretación a posteriori del asunto de la refrendación, desbordando la fórmula ideada por la constituyente para dejar definida la competencia de ese alto tribunal.   Fue tan claro el espíritu de los delegatarios del 91 en esa materia, que el artículo correspondiente reza que las atribuciones del máximo juez constitucional se ejercen “en los estrictos y precisos términos” de la norma respectiva.   Nada ha importado. Ni el veredicto del pueblo en un mecanismo de participación directa, ni los límites constitucionales, ni el estricto marco de la independencia de los poderes, ni las claras atribuciones del Congreso.   Todo se acomodó para firmar a como diera lugar.   Sin embargo, las realidades institucionales siguen existiendo por encima del realismo mágico legal.   El derecho de acudir a la Corte Constitucional para demandar la nulidad de la última providencia sobre la refrendación existe y ya resolvió ejercerlo un ex presidente de la República, el doctor Andrés Pastrana.   Y el señor Fiscal General de la Nación hizo llegar al Congreso un documento muy serio sobre la jurisdicción especial para la paz, en el cual hace críticas y solicita rectificaciones y aclaraciones.   Al mismo tiempo, muy respetables organizaciones de la sociedad civil como el Instituto de Ciencia Política y la Corporación Excelencia por la justicia, han hecho públicos documentos que contienen preocupaciones razonadas sobre la dicha jurisdicción especial.   ¡Quién dijo miedo!   Inmediatamente saltó a la arena uno de los negociadores de las Farc para señalar al Fiscal de querer acabar con el proceso.   No faltaría más que los voceros institucionales y de la sociedad civil no puedan en esta etapa de la vida nacional poner sobre el tapete sus preocupaciones y propuestas.   Tienen no solamente el derecho de hacerlo, si no el deber.   Ya se ven, entonces, los primeros coletazos del error histórico de no haber construido el gran acuerdo nacional para la paz.   Y cada día son más claras las verdaderas intenciones de las Farc, quienes pretenden ser los dueños únicos de la verdad en el marco de una democracia petrificada a su antojo.   Como tal pretensión es inaceptable, preparémonos para que en el 2018 se sepa cuáles son las mayorías nacionales.   El Nuevo Siglo, Bogotá, enero 22 de 2017.