/?w=256&q=100)
La primera víctima del proceso de paz es la legalidad. Antes de que se firme el acuerdo, ya se ha entregado la separación de los poderes con la ley habilitante. Se ha desconocido, con el blindaje del proceso, el derecho internacional humanitario y se ha garantizado que, ni aún con una mayoría negativa en el plebiscito, el pueblo soberano pueda oponerse a lo acordado por De La Calle y Jaramillo.
El país, entre confundido, perplejo y engañado, asiste al paso de esta aplanadora parlamentaria, alimentada con mermelada y aceitada por los medios. Las voces que se oponen al proceso se parecen a las que, en la época de los nazis, advertían que el orden que Hitler ofrecía estaba destruyendo los cimentos de la civilización. Fueron tildados de enemigos de la Nación, perseguidos y asesinados por oponerse al sacrificio de las libertades.
Friedrich Hayek, el economista liberal del siglo XX, afirmó en su obra Los fundamentos de la libertad: “Probablemente nada ha contribuido tanto a la prosperidad de Occidente como la seguridad relativa de la ley”. Hayek insistía en que el respeto del Estado de Derecho era el pilar fundamental de la libertad, y que una democracia que no lo protege evoluciona irremediablemente hacia alguna de las formas de tiranía. Lo vemos en Venezuela, muy cerca de nosotros, y parecemos creer que no nos puede pasar algo similar.
Es cierto que la Constitución de 1991 ha sido la más manoseada. En su breve historia ha sufrido una reforma cada 6 meses. Pero ninguno de estos cambios estaba orientado a desactivarla, como sucederá una vez la Corte Constitucional avale el principio de que debe estar subordinada a lo pactado en Cuba. Ese día, un nuevo orden jurídico imperará en Colombia. Nadie sabe lo que sucederá, pues los acuerdos son todavía secretos. De hecho, el Congreso, siempre presto a cumplir las órdenes del Gobierno, tampoco conoce lo que quedará incluido por el artículo aprobado la semana pasada. ¡De esa magnitud es el atropello a la legalidad!
La empastelada del acuerdo de paz con las normas constitucionales hará inevitable una nueva Constituyente. Las Farc lo saben; Santos lo sabe, así se oponga de dientes para afuera. El nuevo orden jurídico de la paz exigirá una redefinición del Estado tal como lo hizo Chávez con la Constitución bolivariana. No puede consolidarse un nuevo poder con las mismas leyes que hoy demuestran su total ineficacia. Solo los ingenuos pueden creer que lo negociado en La Habana es “más de lo mismo, pero con las Farc adentro”.
Volviendo a Hayek, es claro que sin un régimen legal estable y respetado, es imposible que la economía prospere. ¿Cuánto durará el nacimiento de este nuevo orden jurídico? ¿Cuánto se demorará en estabilizarse? ¿Cuánto costará su implementación? Todas estas preguntas no tienen respuesta, porque el Gobierno no quiere que se planteen. Eso será la tarea de los próximos gobiernos a los que les corresponde asumir lo pactado en secreto en La Habana. Los amigos de la paz atacan con fiereza a quienes se atreven a plantear los interrogantes que saldrán del vacío de legalidad resultante de las concesiones del Gobierno que el Congreso ha decidido avalar.
Venezuela hoy paga con sangre y dolor, el entusiasmo de la revolución chavista. Nosotros lo haremos con la dictadura de la paz.