Si vamos a aprovechar el fast track para implementar una revolución, pues díganlo y nos metemos. Yo personalmente me comprometo a fondo.  

No está claro si estamos ante una nueva institucionalidad revolucionaria o si, simplemente, se trata de una usurpación de funciones constitucionales que se produjo en nombre de la paz. Pero lo cierto es que hoy hay una Comisión conformada por tres guerrilleros de las FARC y 3 funcionarios del gobierno, que está decidiendo y va a decidir hasta los próximos 10 años, que es lo que va y lo que no va a ser Ley de la República.   Más precisamente, son quienes realmente están ejerciendo las funciones constitucionales de legisladores que definen el cambio normativo que requiere el cumplimiento de los acuerdos entre el gobierno y las FARC. Ellos, según el Acuerdo Final (p. 193 a 198) y bajo la denominación de Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo (CSIVI), son los que deben resolver las diferencias que se presenten, hacer el seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento.   Lo más interesante es que, en su labor de dar “impulso y seguimiento a la implementación legislativa de los acuerdos”, son los encargados de “Constatar que el contenido de los proyectos de decreto, ley o actos legislativos que sean necesarios para implementar el acuerdo final correspondan a lo acordado”. Es decir, que son la primera y ultima palabra de lo que se legisle en el país en los próximos 10 años. La primera, porque ninguna instancia del gobierno puede presentar proyectos de Ley sin que pase por la revisión de la CSIVI. Y la última, porque ellos son quienes dirán que cambio se puede o no se puede hacer.   Su poder no va a ser menor. Bajo su control en los próximos 10 años, entre otras cosas, se tramitarán las reformas constitucionales o legales necesarias para que el Plan Plurianual de Inversiones, que define los dineros que se van a invertir en el desarrollo de los Acuerdos con las FARC, sea incorporado al Plan Nacional de Desarrollo de la respectiva vigencia; y para promover los mecanismos y medidas para que con recursos del Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías se contribuya a financiar la implementación de los acuerdos.   Pero sus funciones no sólo determinarán los contenidos de las reformas constitucionales y legales requeridas para implementar los acuerdos. También tendrán funciones gubernativas.   Según el Acuerdo, dentro de los primeros cuatro meses a su constitución, el CSIVI discutirá y aprobará el Plan Marco para la Implementación que le presente el gobierno, que “contendrá el conjunto de propósitos y objetivos, metas y prioridades e indicadores, las recomendaciones de política y medidas necesarias para la implementación de todos los acuerdos, así como su priorización y secuencia -cronograma- e instituciones responsables” (p.197). El Plan tendrá una vigencia de 10 años y “A la mayor brevedad y para permitir el inicio de la implementación, se tramitará y aprobará en el Consejo Nacional de la Política Económica y Social un Documento CONPES sobre el Plan Marco de Implementación, en los términos aprobados por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI)”    La Comisión se instaló formalmente el 1 de diciembre de 2016, en desarrollo del Decreto 1995 de 2106, que recoge lo establecido en los Acuerdos con las FARC. Quedó integrado por Sergio Jaramillo, Rodrigo Pardo y Juan Fernando Cristo (por el Gobierno) e Iván Márquez, Jairo Quintero y Pastor Alape (por lasFARC).   Un buen ejemplo del poder del CSIVI, se encuentra en el Proyecto de Ley de Innovación Agropecuaria, radicado el 1º de marzo de 2017, que pronto será votado en el Congreso. Se trata de una iniciativa gestada por Corpoica y Colciencias con la que buscaba meterle mano al manejo de los recursos parafiscales y que tuviese un mejor control a cargo de instancias técnicas.   Pues bien. El proyecto llegó al CSIVI, y allí no sólo se suprimió cualquier mención a la agroindustria, dando un reenfoque hacia la economía campesina, sino que se modificó el manejo de los parafiscales que nutrían los fondos de financiamiento de la actividad agropecuaria, abriendo espacios de participación a universidades, organizaciones sociales y ONGs, en la gestión de los recursos y una mayor relevancia a las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA.   No cuestiono que los cambios se reviertan hacia la economía campesina. Así tengan instrumentos muy potentes que puedan beneficiar a las familias del campo. El problema está en que esos “ajustes” se hagan bajo el más completo secretismo. Sin consultar a nadie. Y lo peor, que quienes requieran información sobre ellos, a través de solicitudes informales o derechos de petición, no tengan ninguna respuesta. 

No tiene sentido que los ciudadanos conozcan los contenidos de los proyectos, solo cuando entran a discusión en el Congreso. Si se quiere hacer un cambio, seguramente beneficioso, que lo hagan, pero que nos cuenten. Que lo hagan por encima de la mesa.   Presidente Santos, si vamos a aprovechar el fast track para implementar una revolución, pues díganlo y nos metemos. Yo personalmente me comprometo a fondo. Si vamos a darle la vuelta a este país, a democratizar el desarrollo y acabar con la politiquería, incluso con lasFARC, me apunto. Cuente conmigo. Pero si lo que se trata es de una usurpación soterrada de funciones y competencias para que los cuadros de los partidos tradicionales, ahora asociados con el nuevo partido que surja de las FARC, renueven sus frentes de poder a través de las UMATAS, a eso si no le juego.

Presidente Santos, aclare. Si es por un nuevo país sin politiqueros y con una democracia fuerte (que incluya a lasFARC), listo, vamos. Pero con los mismos de siempre, no gracias.   Revista Semana, 19 de marzo de 2017