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Esta noticia es muy alarmante. La Dian informó que, en el 2018, 969 colombianos renunciaron a su ciudadanía y devolvieron sus pasaportes. Más grave aún, 8.125 compatriotas han hecho lo mismo en los últimos ocho años. Es un verdadero desangre de nacionales que están rompiendo sus vínculos con su patria.
No hay información sobre los perfiles de quienes han optado por esta alternativa. La lógica diría que son los que encuentran que la presión fiscal en Colombia es excesiva.
Deben ser personas con patrimonios significativos que consideran que la carga tributaria es menos competitiva que en otros países y que, muy seguramente, están entrando en su etapa de retiro de la vida activa. En un mundo globalizado y conectado, prefieren residir en otra latitud y beneficiarse de una mejor calidad de vida con un menos costo impositivo.
No olvidemos que Colombia, salvo en el periodo del gobierno de Uribe, en el que hubo una evidente mejora en la seguridad y el optimismo colectivo, ha sido un país de alta incertidumbre. Los niveles de inseguridad –política y delictiva– son elevados. Nuestras instituciones están asediadas por la corrupción e ineficiencia. Colombia ha sido, por tradición, un país de flujos migratorios negativos. Se estima que cinco millones de connacionales optaron, desde hace décadas, por vivir fuera del territorio, la mayoría obligados por la ausencia de oportunidades laborales y la inseguridad. Solo en los últimos años, la marea de colombianos y venezolanos provenientes del vecino país ha invertido esa tendencia.
Colombia no es un país barato, sobre todo si se reside en la capital. Los servicios públicos son costosos, los impuestos locales comparativamente elevados y los bienes básicos como vestuario o alimentación, no son competitivos, si se los compara con países de nivel de desarrollo similar. La calidad de vida no es buena por los problemas de movilidad, contaminación, espacios colectivos y opciones culturales.
No sobra recordar la trillada, pero válida frase “existen paraísos fiscales porque hay infiernos tributarios”. En los últimos nueve años hemos tenido cuatro reformas tributarias. Anif anunció que era muy probable que en el 2020 fuera necesario un nuevo reajuste fiscal. El tema estructural sigue sin resolverse y el enfoque de nuestras reformas tributarias es igual: apretar a los mismos. Pues los mismos se están hartando y se van.
Salen los que argumentan que la carga fiscal como porcentaje del PIB es baja en comparación con otros países de desarrollo similar. Ello es cierto, pero en pocas economías la carga está tan mal distribuida. Las personas naturales asumen un peso creciente y el efecto acumulativo del impuesto al patrimonio, renta presuntiva, cuatro por mil, prediales, valorizaciones, impuestos de movilización y los demás precios regulados por el Estado, resultan en una caída de todos los patrimonios en términos reales. Tener rentas derivadas de alquileres o acciones títulos valores en Colombia no es rentable. Tampoco lo es tener propiedades rurales ni ahorro líquido.
Colombia necesita un sistema tributario que pueda aumentar el número de contribuyentes. La reforma presentada por el gobierno Duque iba en buena dirección, pero el Congreso le quitó casi todo su atractivo. El tema es urgente porque estamos delante de un preocupante desangre.
Miguel Gómez Martínez
Asesor económico y empresarial
Portafolio, mayo 01 de 201