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Ante la inminencia de la ocurrencia del fenómeno de El Niño, nos adelantamos y aprestamos a tomar dos medidas anticipatorias al mismo, tendientes a espantar el fantasma del apagón, de triste recordación para los colombianos. Como dice el adagio popular, más vale prevenir que tener que lamentar y en tratándose de un servicio esencial como lo es el de la energía eléctrica tiene mucha más validez.
La primera de ellas, a través de la Resolución 90456 del 29 de abril de 2014, dispuso suspender el despacho a Venezuela de 100 millones de pies cúbicos diarios de gas. Con ello le aseguramos a los generadores térmicos la disponibilidad del gas natural y que de esta manera puedan operar a full, con el fin de evitar desembalsar en momentos en que lo que se requiere es ahorrar agua y permitir que los embalses recuperen su nivel ahora que están cayendo las últimas lluvias de la temporada y así poder disponer de los mismos en la época de sequía que nos habrá de deparar el fenómeno de ‘El Niño’. Además, al disponer del gas natural para operar estas centrales de generación no tendrán que apelar a los combustibles líquidos que son mucho más costosos y contaminantes.
Con la segunda medida que tomamos, mediante la Resolución CREG 057 del 13 de mayo de 2014, nos proponemos diferir a dos años el aumento de tarifas que puede derivarse del incremento que se ha venido dando en las últimas semanas en el precio de la energía en bolsa, con miras a defender el bolsillo del usuario residencial.
Es preciso, para evitar equívocos y torcidas interpretaciones, aclarar el comportamiento de la formación de precios de la energía en bolsa y su traslado al usuario final. En Colombia, la mayoría de la energía que se adquiere por parte de los comercializadores (electrificadoras), está cubierta a través de contratos de largo plazo; sin embargo, hay empresas que tienen un alto porcentaje de su canasta expuesta en la bolsa, cuyos precios son bastante fluctuantes y han experimentado alzas bruscas e intempestivas en las últimas semanas. Ello ha sido motivo de nuestra preocupación, al punto que le solicitamos a la Superintendencia de Servicios Públicos adelantara una investigación con miras a establecer las razones de esta espiral alcista.
Es necesario dejar en claro, además, que la tarifa final o costo unitario (CU), que es en últimas lo que se le factura al usuario, se encuentra particularmente afectada por el componente G, correspondiente al precio al cual el distribuidor compra la energía. Este tiene un peso del 30% en la tarifa final, pero no quiere decir ello, como se malinterpretó por parte de algunos medios, que la factura que le llegará al usuario a partir de junio subirá en igual proporción y de manera instantánea. El impacto del aumento en el precio de la energía en bolsa sobre la tarifa que paga el usuario final depende del grado de exposición de la empresa distribuidora en cuestión, esto es, qué tanta energía compra en ese mercado.
Se ha dicho, sin fundamento, que las empresas distribuidoras “en calidad de especuladores y jugadores compran hasta el 90% de la energía en bolsa”. La verdad sea dicha, no hay una sola empresa distribuidora de energía que alcance tal grado de exposición. En el caso puntual de la Región Caribe, la empresa prestadora del servicio se encuentra en un 88% cubierta con contratos de largo plazo y sólo un 12% en bolsa, de lo cual se sigue que el efecto de dichos aumentos de precios en bolsa en la factura que paga el usuario final será irrelevante.
Lo anterior, ya que las empresas, de acuerdo a su gestión comercial, compran con dos y tres años de antelación la energía a los generadores con precios previamente pactados, lo que les evita una exposición especulativa en la bolsa. De hecho, los usuarios de los principales centros de consumo del país tendrán también un impacto mínimo por una gestión comercial similar. Es el caso de Bogotá, está expuesta en bolsa en 15,2% y Antioquia en 9,5%. La excepción es Emcali, cuya exposición en bolsa es del 56% (¡!).
En síntesis, esta última Resolución de la Creg lo que busca es proteger al usuario, atenuando el impacto de posibles alzas y en ningún momento es para la desmesura en las alzas de las tarifas de energía en detrimento del bolsillo del usuario.