Características que brillan por su ausencia en la generalidad de los pronunciamientos complacientes del Jefe negociador, Humberto de la Calle, y que han llevado a que la narcoguerrilla salga cada día ganando en las negociaciones.*

Y no era para menos. El general (r) Mora Rangel, trazó realmente la raya roja frente a un planteamiento de la guerrilla que demandaba una respuesta contundente, y que le diera alguna confianza al proceso, de cara a la institucionalidad. Esta respuesta recoge aspectos que nunca se debieron llevar a ese escenario. En los planteamientos del General Mora se señala:

− Que la Mesa de conversaciones es para llegar a unos acuerdos y poner fin a un conflicto armado interno. Pero una cosa es la ilegalidad, la violencia, la amenaza, y otra muy distinta es el Estado, la sociedad, la legititimidad.

− Que no es un proceso para dividir el país ni para hacer entrega de territorios ingobernables (...). “Nunca hemos pensado en una Colombia fragmentada, no hace parte de nuestro imaginario”.

− Que una vez las Farc hayan dejado las armas y se hayan reintegrado, tendrán facilidades para constituir un partido político.

− Que el futuro de esa colectividad dependerá “única y exclusivamente” del favor de los colombianos, “jamás a conveniencias, intereses o imposiciones”.

− Que el proceso de negociación no incluye reconvenciones, ni redefiniciones a la misión y presupuestos, al tamaño de las Fuerzas, tampoco a su organización”.

Y es que no era para menos. La narcoguerrilla insiste en la territorialidad. En un principio fueron las Zonas de Reserva Campesina. Hoy son las zonas especiales de paz, son zonas geográficas organizadas de manera excepcional y extraordinaria, que tendrían un régimen especial y extraordinario, protegido constitucionalmente, y en cuyo desarrollo legal se contemplarán regulaciones específicas sobre la organización política, económica, social, ambiental y de seguridad integral, participativa, autogestionaria y comunitaria, y estarán habitadas por “excombatientes, familiares y allegados, y los ciudadanos vecinos del lugar”.

Razón tiene el presidente ejecutivo de Fedegán, doctor José Félix Lafaurie Rivera, cuando señala que las Farc insisten en una Constituyente que modifique las instituciones para, entre otras cosas, crear un ordenamiento territorial, político y administrativo favorable a sus intereses, deslegitimando el mandato popular que entregamos recientemente a las nuevas autoridades regionales y locales.

Por fin alguien se para en la raya, pero el problema es que después esta posición es borrada por el soterrado régimen dictatorial que gobierna a los colombianos.