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Ahora bien, la noticia ha sido de odios y amores, en algunos sectores ha caído bien, pero en otros evidentemente se manifiesta un volver al pasado, conociendo la forma tan lamentable en materia de infraestructura, inocuidad y manejo ambiental en la que operaban en el pasado estos lugares.
Precisamente para no generar rechazo en la opinión pública, lo primero que deberían hacer los funcionarios del Estado es no llamar a estos centros de sacrificio bovino y porcino, “mataderos”, nombre que evoca lo que no debería hacerse en materia de faena. La modificación del Decreto 1500 habla de plantas de autoconsumo, y técnicamente deberíamos hablar con ese carácter industrial, plantas, no mataderos.
Ahora bien, lo que resulta aquí de alto interés es resolver ¿por qué el Gobierno Nacional quiere reaperturar estas plantas? Y la explicación es muy sencilla: en 2007 operaba en el país unos 1300 puntos de sacrificio, entre plantas nacionales, departamentales, mataderos municipales; en fin, lo bueno, lo malo y feo relacionado con el faenado. Con la implementación del Decreto 1500 de 2007 se fueron cerrando plantas que no cumplían los estándares mínimos de operación, y la realidad es que hoy operan unas 220 plantas en todo el país.
La esperanza de entonces, al diseñarse el 1500, fue que las plantas que permanecieran abiertas recogieran la faena de las que se fueran cerrando, pero la realidad es que mucha de esta oferta terminó como sacrificio clandestino, mientas que otros lugares del país debían abastecerse de lugares más lejanos lo que incrementó el precio de la carne y desmejoró el consumo.
La realidad es que con la reapertura de las plantas de autoconsumo se colocaría sobre la geografía nacional más puntos de distribución lo que evidentemente mejoraría la logística de comercialización y su costo, traduciéndose en un mejor precio al consumidor lo que indudablemente mejoraría el consumo. No significa esto que cada municipio de Colombia deba tener una planta, al contrario, será una oportunidad importante para crear sinergias regionales y de municipios lo que mejoraría la escala de producción que evidentemente influirá en el costo y rentabilidad.
Además, no todos los municipios, de los 1122 que tiene al país requieren una nueva planta. Por ejemplo, la Sabana de Bogotá es abastecida por dos grandes plantas que tiene la capital. Es claro que la modificación del Decreto 1500 habla que la norma aplicará para plantas ubicadas en municipios de categoría 5ª y 6ª.
Sin embargo, hay un elemento que debe ser de obligatorio cumplimiento, y es que las plantas de autoconsumo deben mantener un estándar básico en la inocuidad del producto pues no puede haber en el país consumidores de primera y consumidores de quinta categoría. Claro, algunos lineamientos y estándares que requieren en los mercados internacionales podrán omitirse en mercados locales siempre y cuando se garantice la condición de salubridad.
Vale recordar que en el año 2013 se sacrificaban 4,1 millones de bovinos de manera formal, pero en 2023 solo llegaron a la faena 3,2 millones. Así las cosas, con la nueva propuesta del Gobierno Nacional, y con la permanente vigilancia de INVIMA y Secretarías de Salud podrán salir cosas buenas para el beneficio del consumidor y por supuesto de la cadena de valor.