Con recortes y todo, se habla de un plan de inversiones que suma $704 billones. Es una cifra que se aproxima al Producto Interno Bruto de Colombia de 2014 a precios corrientes ($761 billones); o a 3.5 veces el presupuesto de la Nación de 2014 ($203 billones).

Teniendo en claro la magnitud de la que se está hablando, en el Plan se lee que el sector privado aportaría $241 billones, que equivale al 34.2 % del total de inversiones del Plan de Desarrollo. El problema es que no es claro cómo van los privados a hacer ese aporte, pues no dice nada al respecto, aunque sí del restante porcentaje que, como es lógico, sale del presupuesto del Gobierno nacional central, del Gobierno nacional descentralizado, de las entidades territoriales, del Sistema General de Regalías y del Sistema General de Participaciones. Es un monto que en una economía a la baja, no es fácil conseguir.

Más adelante, por allá en el parágrafo 2 del Artículo 84, se establece que el avalúo catastral de los procesos de formación y actualización catastral no podrá ser inferior al 60 % del valor comercial de los predios. La traducción de esto es que el impuesto predial podría aumentarse en un 50 % y por supuesto el patrimonio en igual proporción. ¿Se trata de una reforma tributaria por la puerta de atrás? Esto no es parte del aporte de los privados, pues esto, como su nombre lo indica, entra a las arcas del Estado por la puerta de los tributos.

Pero mientras esto ocurre, el capítulo de transformación del campo quedó reducido al tema de la tierra. En efecto, de los 9 Artículos que comprende el Capítulo, 6 están dedicados a este tema y los otros tres se relacionan con otros aspectos. Dentro del primer grupo está el financiamiento de algunas zonas rurales mediante mecanismos de Intervención Integral en Territorios Rurales; el Subsidio integral de reforma agraria; el Marco especial sobre administración de Tierras de la Nación; la Formalización de la Propiedad Rural; el Catastro Multipropósito; la Rectificación administrativa de área y linderos. Uno de los 3 artículos restantes, está destinado a desvirtuar la parafiscalidad agropecuaria y pesquera (Artículo 101); y en los otros 2 le otorga facultades extraordinarias al presidente para continuar manejando el tema de tierras y para modificar la normatividad que rige el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario.

A esas líneas quedó reducida la transformación del campo. ¿Con esos instrumentos es suficiente para tener un sector económico rural dinámico y competitivo, que genere valor agregado y a la par que le rodee de condiciones para atajar los TLC durante los próximos 4 años?¡Dios nos libre!