La reacción de Gustavo Petro al verse destituido de su cargo como alcalde mayor de Bogotá ha sido excesiva. En lugar de acatar la decisión y seguir los trámites legales adecuados contra esa medida, Petro no se pudo privar de acudir a los métodos y  mañas detestables  que siempre tuvo la extrema izquierda colombiana: amenazar a sus adversarios con la violencia,  y acudir, sin otra consideración, a las vías de hecho.

Pues lo que Gustavo Petro acaba de proponer en su  arenga inflamada en el balcón del Palacio Liévano no es otra cosa que eso, una insurrección. De nada le vale que  haya dicho, para cubrirse, que  no hará una “convocatoria a la violencia”. Pues al convocar a la plaza pública a sus partidarios y al decirles que su destitución es un “golpe de Estado”, que éste demuestra que “no es posible cambiar  a Colombia por la vía pacífica” y que la plaza de Bolívar se ha convertido “en la plaza Tahir de Colombia”, lo que Petro anuncia es que él y sus amigos buscan organizar una revuelta violenta contra esa destitución y contra su autor, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, calificado por Petro de “fascista”.  

Son palabras de un demente. La destitución del alcalde de Bogotá y su inhabilitación por quince años para ejercer cargos públicos es, en realidad, una decisión en derecho,  tomada  y motivada por el jefe del ministerio público tras  el examen  escrupuloso de hechos ilícitos cometidos por un funcionario contra los intereses de Bogotá y de los bogotanos y tras meses del trámite previsto por la Constitución (artículos 277 y 278) en el que el alcalde destituido tuvo todas las garantías para defenderse. (Lea: El alcalde de Bogotá es destituido por 15 años)

Petro llega al colmo de exigirle al presidente de la República, Juan Manuel Santos,  salir en su ayuda mediante un pronunciamiento contra la decisión del procurador, lo que es totalmente ilegítimo e inconstitucional. El jefe del poder Ejecutivo no tiene por qué entrometerse en las decisiones del ministerio público.

En el fondo, lo que propone Gustavo Petro es que Santos viole la Constitución para salvar el pellejo del alcalde, y que todo eso sea respaldado con actos de fuerza y de “movilización masas” en todo el país, es decir por una revuelta confusa que puede comenzar pacíficamente pero que desembocará, como en la Plaza Tahir, en choques con heridos y muertos, como la que llevó al poder –y a la destitución-- al salafista Mohamed Morsi, en Egipto.

Petro parece haber capitulado ante la cólera y la demagogia barata de su entorno. El exguerrillero se creía investido de una misión para salvar a Colombia mediante el socialismo chavista. Todo eso se va a pique ahora y el hombre no sabe cómo salir a flote.

Al compararse de hecho con Mohamed Morsi, Petro se mete en la ropa de un fanático islamista que se sirvió de una sangrienta revuelta callejera de varias semanas contra el presidente Hosni Mubarak para hacerse elegir en 2011. Pero a causa de sus errores como gobernante, Morsi terminó siendo, un año más tarde,  destituido por la misma plaza que lo había llevado al poder. Morsi fue destituido por el Ejército egipcio, el 3 de julio de 2013, con el respaldo de las mayorías egipcias movilizadas.

Si la plaza de Bolívar es “la plaza Tahir de Colombia”, como pretende Gustavo Petro, esa misma plaza podría volverse contra él, como le ocurrió a Morsi. (Columna: Legalizar “tranquilandias”)

El destituido Petro se declara alcalde legítimo, como Morsi se declaró presidente legítimo tras ser destituido por la fuerza. Petro, destituido en Derecho, espera que sus amigos en el extranjero, y sus gesticulaciones ante los micrófonos, lo reinstalen en el poder de la capital de Colombia.

En estos momentos, el puede sentirse también como un Hugo Chávez cuando fue destituido. Espera como este que una combinación de “movilización de masas”, intrigas palaciegas y agentes extranjeros, lo devuelva a su oficina, como si nadie lo hubiera destituido, como si su administración no hubiera sido una calamidad para Bogotá, como le ocurrió a su admirado Hugo Chávez que fue reimpuesto en el poder para que continuara la destrucción de su propio país.

En todo caso, Petro no debería olvidar la otra gran lección que se desprender de los hechos, evocados por él, de Egipto: Morsi terminó en la cárcel y ahora debe encarar un proceso penal que podría terminar en la pena de muerte si los cargos que le hacen de fomentar la violencia para reinstalarse en el poder son confirmados.