Una cosa es utilizar impunemente una propaganda vil para radicalizar y hasta fanatizar fracciones enteras de sus seguidores en un contexto de gran desorden institucional, como el que deja la presidencia de JM Santos, y otra cosa será hacer lo mismo en un contexto de restauración del Estado de Derecho.   El enorme péndulo que Petro puso en marcha al sugerir que los asesinatos de “líderes sociales” son el resultado del “regreso del uribismo al poder”, y que el uribismo está “asesinando a nuestra militancia política” --dos afirmaciones totalmente enfermizas, lunáticas--, y que para frenar esa matanza hay que hacer manifestaciones anti Iván Duque el 7 de agosto próximo, puede, por su propio peso, devolverse contra su inventor y su clique.   Veamos por qué. Es evidente que las órdenes del jefe extremista no están destinadas a unir “la oposición” ni “cohesionar” las bases petristas, como él mismo dice. Eso sería una agenda seria. Lo de Petro es una aventura desquiciada. El no trata tampoco de “meterle presión a Duque” con la táctica de movilizar la calle y gesticular en el Congreso, como cree saber una revista bogotana.   Mucho menos es cierto que Petro esté interesado en organizar “la resistencia”. ¿La resistencia contra qué? ¿Contra un gobierno elegido democráticamente? La Resistencia es el término que adoptó el General de Gaulle en 1940 para continuar la lucha armada al lado de los británicos contra la ocupación hitleriana de Francia. La infame cocina de Petro es un insulto a la France Libre.   Lo que motiva a Gustavo Petro es erigir barreras de humo que impidan saber quién está asesinando a los llamados “líderes sociales”. Él está tratando de impedir que la verdadera naturaleza de esas matanzas, y el papel que juegan en eso las bandas armadas marxistas, sea descubierta por el público y por las bases de la llamada “Colombia Humana”. Su prédica perversa alimenta la prensa internacional que en el pasado mostró a Colombia como un país donde “el gobierno asesina a los que no piensan como él”.   Cuando insinúa en dos trinos, del 5 y 6 de julio pasado, que Ana María Cortés es una víctima de la policía de Cáceres, Antioquia, Gustavo Petro está contribuyendo a desviar la investigación judicial. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y la prensa reiteran que Ana María Cortés estaba siendo investigada por presuntos vínculos con el Clan del Golfo, banda criminal que está en plena guerra de tierras contra otras bandas locales.   Cuando dice en un trino del 4 de julio pasado que el asesinato de Margarita Estupiñán, de Llorente, Nariño, es el resultado de “una nueva violencia incubada por el uribismo”, Petro está calumniando gravemente a la principal fuerza política del país y afirmando algo que a él no le consta. Él está, así, obstaculizando el trabajo de la Fiscalía. Margarita Estupiñán hacía años que estaba amenazada y lo estaba más que nunca por las “disidencias” de las Farc al momento de morir. ¿Por qué Petro quiere desplazar sobre otros las sospechas y las culpas?   Una periodista que conoce bien esa temática, Jineth Prieto, de La Silla Vacía, escribió en estos días: “La realidad es que los asesinatos de líderes vienen en aumento desde que las Farc se desmovilizaron en 2016 (311 a junio de este año, según cifras de la Defensoría del Pueblo), y en ninguno de los 12 casos más recientes se ha probado que las muertes tengan que ver con militancia política, y, en cambio, en varios de ellos existen otras hipótesis más fuertes sobre los móviles de esos crímenes.”   Petro no quiere que la información imparcial, la descripción real que hacen los investigadores honrados, lleguen al público. No quiere que la gente sepa lo que está ocurriendo. Tales actos de obstrucción son ilegales. Atravesarse como una vaca muerta en el camino de la justicia equivale a hacerse cómplice de las Bacrim (el Eln, las llamadas “disidencias” de las Farc, el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas, el Epl) que siguen matando colombianos en zonas rurales. Esas actuaciones ilegales contarán al momento de saber si Petro tiene derecho a ocupar un escaño en el Senado.   Esa extraña conducta nace del compromiso de Gustavo Petro con las Farc: obligar al nuevo gobierno, por todos los medios, legales e ilegales, a implementar la totalidad de los infames pactos de La Habana. Todo debe estar subordinado a esa estrategia.   El problema es que esa línea es difícil de aplicar en un contexto nuevo, no santista, de restauración de la democracia y de la soberanía nacional.   La ola criminal que recorre las zonas de azote tradicional de las Farc, claves para el narcotráfico, muestra que éstas siguen en su farsa truculenta. No abandonaron su objetivo de tomar el poder y de emplear la violencia y la desinformación contra todos: contra el nuevo gobierno, contra las fuerzas armadas y contra los ex guerrilleros que tratan de desmovilizarse realmente y escapar al control narco-fariano. Mediante sus “disidencias” y otros brazos armados, las Farc tratan de conservar su hegemonía en regiones que otros bandos mafiosos les disputan.   Como no sabe cómo traducir eso en términos corrientes, no ideológicos, Petro está ante un callejón sin salida. Por eso opta por la vía fácil y rutinaria de acusar preventivamente al uribismo. Esa es una de las técnicas de guerra de las sectas comunistas.   Petro acude a tales métodos pues no conoce otros. No sabe cómo responder a sus contradictores y, lo que es peor, no sabe cómo mantener unida su base ante los desafíos que plantea un nuevo gobierno liberal-conservador, muy distinto del anterior, imaginativo y dispuesto a reinventar la seguridad nacional, la justicia, la libertad económica y a preservar el interés general. Petro está desarmado frente a un gobierno que tratará de responder a un clamor que no cesa desde el 2 de octubre de 2016: que el aparato de Estado, respaldado por mayorías democráticas, deje de seguir de rodillas ante las ambiciones totalitarias de una minoría de perdedores, las Farc.   Eduardo Mackenzie @eduardomackenz1