Lo primero que vale la pena señalar es que a alguien se le olvidó explicarle al presidente que la Tarjeta Agroinsumos ya la tenía el Banco Agrario y que la tasa de interés que regía hace un año, por ejemplo, era de 15.38%, es decir la mitad de lo que rige para las demás tarjetas de crédito que, por cierto, nada tiene de fomento máxime que la tasa de inflación anual en 2013 fue de sólo 1,94%.

Luego, la buena noticia de que uno de los beneficios de esta tarjeta era que el banco iba a cobrar sólo el 50 por ciento del interés normal, ya era un producto y una condición que la tenía este banco. Lo novedoso de pronto resulta el hecho de que la cuota la puede pagar el tarjetahabiente cuando reciba los ingresos producto de la venta de su cosecha, lo cual no le quita la característica de ser un crédito costoso.

Vamos a suponer que se trata de un relanzamiento, pero bajo este supuesto el presidente no explicó cómo van a obtener los campesinos tarjeta de crédito, o si el único banco que enfrentará tal estrategia, el Agrario, va a entregarlas sin mayor estudio de la capacidad de pago, y si estas vendrán con cobertura de riesgo para el caso en que se pierdan las cosechas ya sea por mal tiempo o porque el ingreso del productor se reduzca por la competencia de productos del exterior importados legalmente o de contrabando, haga bajar el precio de los productos.

En segundo lugar, resulta interesante el reconocimiento que hace el Gobierno del alto costo que representa para el sector el componente financiero.

En este aspecto hace referencia exclusivamente al financiamiento de los proveedores sin mencionar siquiera tangencialmente al sistema financiero,

que según un reciente estudio de la UN, las utilidades consolidadas de los bancos aumentaron en un 1.036 por ciento entre 2001 y 2009 al pasar de 318 mil 500 millones de pesos a 3,3 billones de pesos, mientras que en el mismo período el IPC tan solo aumentó 52,8 por ciento; que los activos del sector crecieron 295 por ciento en el mismo periodo, al pasar de 68,6 billones a 202,1 billones de pesos; y que mientras el patrimonio creció 377 por ciento, el capital social tan sólo aumentó el 4,3 por ciento, lo cual significa, según los autores del estudio, que para lograr esas enormes utilidades, aumentos de activos y de patrimonio, la banca colombiana no necesita colocar recursos propios sino que la misma generación de utilidades es suficiente. ¡Algo va de la pobreza del campo a la riqueza de un sector financiero altamente concentrado!

En tercer lugar, también a alguien se le olvidó comentarle al presidente en relación con el establecimiento del control de precios para fertilizantes y plaguicidas, que anteriormente algunos de estos se encontraban en libertad vigilada, y que el resultado de la acción del Estado para controlar su excesivo crecimiento fue, por decirlo de alguna manera, muy limitado.

Vale la pena preguntarse, finalmente, el por qué el presiente no lanza una política integral de desarrollo que responda a los planteamientos que hicieran las organizaciones campesinas en septiembre del año pasado en las mesas de trabajo, o para no ir muy lejos, por qué no les cumplió a los ganaderos cuando se comprometió, en reunión con Fedegán y la Cámara Gremial de la Leche, a poner en marcha sendas mesas de trabajo en relación con el proyecto de Ley propuesto por el gremio cúpula de los ganaderos –Fedegán–, y en donde se le solicitó declarar de interés nacional la protección a la producción de leche y dictara disposiciones para la reconversión del sector lácteo colombiano para mejorar la competitividad del sector y mitigar los impactos negativos de los TLC.

Un año después de esa reunión, en la que el propio presidente dispuso la creación de seis mesas de trabajo, no ha habido respuesta alguna. De entrada, ni es la banca que necesita Colombia, ni los paños de agua tibia reemplazarán una política agropecuaria.