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Ese principio guio a la ministra de Transporte cuando unos terceros –bancos financiadores de la Ruta del Sol–, de buena fe mientras un juez no determine lo contrario, propusieron conciliar sus acreencias en la liquidación del contrato.
Quién dijo miedo. Como en este país ser “de oposición” no es pensar diferente al Gobierno, sino dedicarse a desprestigiarlo y bloquearlo a como dé lugar, los mismos que antier pedían la cabeza del minhacienda y ayer la del mindefensa, hoy piden exaltados la de la ministra.
¿Qué hizo la ministra Orozco? Pues lo que tenía que hacer: tratar de defender los intereses de la Nación, aunque las explicaciones no hayan sido quizás suficientes y el tratamiento mediático malintencionado. Vale la pena, entonces, aclarar varios aspectos:
Primero: el Ministerio no buscó a los bancos; fueron estos los que, el 15 de julio, presentaron una propuesta de conciliación.
Segundo: Cualquier cosa que se conciliara –la rebaja de intereses– sería llevada al Tribunal de Arbitramento, pero no hubo conciliación alguna.
Tercero: ¿Por qué los bancos buscaban conciliar? Porque al margen del proceso arbitral, la SIC –léase Pablo Felipe Robledo por directrices de Santos–, le ordenó a la ANI, desde febrero de 2017, la terminación inmediata y la liquidación del contrato de concesión.
Cuarto: Como se conoce por las grabaciones develadas, Santos dio instrucciones para una “solución amigable…, la que habíamos hablado, donde participaban todos los socios del conglomerado…”; un verdadero “concierto para delinquir”, según el propio fallo del tribunal, que argumenta nulidad por ilicitud; concierto al que se sumarían las Superintendencias y hasta el procurador debidamente “alineados”, con la directora de Defensa Judicial de la Nación.
Quinto: Al final, Robledo optó por la cancelación anticipada, pues la caducidad, con multas e inhabilidades, no se ajustaba a la directriz “amigable” del presidente.
Sexto: Dentro de la liquidación, la ANI ya había hecho pagos a los terceros, incluidos los bancos con $1,4 billones. Luego la ministra no estaba haciendo nada nuevo y, sobre todo, nada ilegal, sino, por el contrario, ajustado a la Ley 1882 de 2018 y la sentencia de la Corte sobre su exequibilidad, en donde se reafirman los derechos de los terceros que, como en toda liquidación, registran debidamente sus acreencias.
Lo que hay, entonces, es un escándalo mediático para darle palo a la ministra porque hizo, como palo le habrían dado si hubiera dejado de hacer para buscar una rebaja y el laudo hubiera sido adverso al Gobierno. Es la posición acomodaticia de quienes callaron frente a las maquinaciones de Santos para limpiar la escena de la corrupción ligada a la financiación de Odebrecht a sus campañas; la ética selectiva de quienes no han dicho “ni mu” frente a las escandalosas conversaciones entre Santos y Andrade, ni ante la “ingeniosa” triangulación del dinero de CEMEX a través de los partidos de la mermelada.
La buena fe, al parecer, se murió en ese proceso con el controller Pizano y sus desoídas advertencias. Pero hay que volver a ella. Las consignas encendidas de no pagarles un peso a los bancos son populismo barato. Hay que hacerlo si la plata está metida en la obra, como ya se hizo en el pasado; no hay que hacerlo si un juez determina que unos bancos actuaron de mala fe; pero ni la ANI ni la ministra Orozco son ese juez.