Otra vez enfrentamos el conocido escenario de una nueva reforma tributaria. Sin duda somos el país que ostenta el lamentable récord mundial de este tipo de leyes. Tan solo en este siglo hemos tenido doce. El daño que esta inestabilidad produce sobre la economía es enorme. Para el empresario es un dolor de cabeza y para el inversionista extranjero es una señal que lesiona la confianza en el país.

Este recurso constante a nuevas propuestas tributarias es el resultado de una estructura de impuestos llena de distorsiones inexplicables, exenciones innecesarias, mecanismos de elusión y troneras de evasión. A pesar de los múltiples estudios que confirman la necesidad de una reforma estructural, todos los gobiernos se contentan con proponer algunas medidas que permitan un aumento temporal del recaudo sin corregir los problemas de fondo.

Se argumenta que no hay voluntad en el legislativo para emprender una reforma estructural. Se teme el pulso con los poderosos cabildeos de los intereses económicos y las amenazas de los sectores sociales. Los partidos políticos, con su miopía tradicional, piensan en las próximas elecciones en lugar de las próximas generaciones. Todo ello es cierto, pero no es suficiente. El reparcheo constante del sistema tributario es insostenible porque su efecto es cada vez más perjudicial para el crecimiento y la equidad social.

Este gobierno ha enfrentado, con valentía y decisión, la mayor crisis económica de nuestra historia. En medio de graves limitaciones presupuestales se hizo mucho por atenuar los imprevisibles efectos de la pandemia. Fueron 20 billones de pesos adicionales de gasto público y un aumento muy significativo del peso de la deuda que ascenderá al 62 por ciento del Producto Interno Bruto.

Las circunstancias excepcionales que estamos viviendo exigen medidas extraordinarias. El futuro económico pospandemia requiere un sendero fiscal que sea sostenible y que nos permita mantener abierto el financiamiento externo. El reto esta vez no es conseguir unos recursos adicionales para superar el momento. Es crear las bases para recuperar la productividad y competitividad de una economía que necesita generar mucho más empleo, eliminar la informalidad y recuperar la capacidad de exportar.

Estos son las prioridades estratégicas, que son de mediano plazo, y que no dan más espera. Sin estabilidad fiscal, las demás variables macroeconómicas como el control inflación, la estabilidad de la tasa de cambio o el objetivo de recuperar un ritmo de crecimiento robusto pueden verse comprometidos.

Siempre habrá argumentos coyunturales válidos para posponer la reforma tributaria estructural. Pero la economía política debe imponerse con un consenso que asegure un texto que pueda darle un vuelco a los ingresos del estado. Hay que cerrar el paréntesis en el proceso establecido en la regla fiscal que fue suspendido por la crisis pandémica. De lo contrario el futuro económico del país será incierto.

Miguel Gómez Martínez

Presidente de Fasecolda

migomahu@hotmail.com

Portafolio, febrero 16 de 2021