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La semana que entra, a partir del 20 de septiembre, inician las audiencias orales en la Corte Internacional de Justicia, dentro de la demanda de Nicaragua contra Colombia por supuestas violaciones de sus derechos en el Caribe. Para su defensa, el Gobierno cuenta con un “pool” de abogados “internacionalistas” de primer nivel, que, de hecho, ya dejaron consignados sus argumentos en la etapa escrita del proceso.
Aunque ya estaba preparado para las audiencias, a finales de agosto el Gobierno decidió convocar a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, ¿para informarle quizás?, porque no podría haber sido para “consultarle” para armar una defensa, pues ese proceso ya se surtió, y si así hubiera sido, pues en asuntos tan estratégicos una defensa no se construye en dos semanas. Me atrevo a afirmar que el Gobierno no quería repetir lo sucedido en noviembre de 2020, cuando fue “obligado” a convocarla por un fallo del Consejo de Estado, en otro episodio más del “gobierno de los jueces”.
Como sea, dos acotaciones me parecen importantes: La primera sobre la demanda nicaragüense. Con Comisión o sin ella, espero que Colombia esté realmente preparada para esa etapa de cierre, no solo porque en 2012 perdimos el 40% del mar territorial y el país no resistiría otro golpe en esa instancia internacional, sino porque el demandante es un dictador de la cuerda bolivariana y, por tanto, el pleito es significativo para el Socialismo del siglo XXI y para el comunismo internacional, con Rusia y China atrincherados en Venezuela y atentos a lo que pase en cercanías de Estados Unidos, como en los peores momentos de la Guerra Fría.
La segunda tiene que ver con la Comisión Asesora. Más allá de los pleitos entre expresidentes, que muchos oportunistas en los medios y los partidos aprovecharon para escándalos de ocasión; más allá de la falta de sentido de oportunidad del Gobierno al convocarla, o de su intención de evitar otra intromisión de los jueces, el problema es la comisión misma, que ya no responde a su cometido.
La Comisión nació en 1912, como parte de la resaca por el descalabro de Panamá, y creció en época de grandes internacionalistas, como Alfonso López, Alfredo Vásquez, Germán Zea, Indalecio Liévano y Diego Uribe, y hasta 1982, cuando se incorporó a los expresidentes, estaba conformada solamente por miembros de Congreso.
En 1991, con esa extraña tendencia nuestra a elevar todo a “rango constitucional”, hasta un Acuerdo de Paz que no fue de paz, firmado con una contraparte de narcoterroristas, la vieja Comisión, muy importante, claro, aunque solo pueda darle consejos al presidente, fue también elevada a rango constitucional. ¿Para qué? No sé.
Hoy, con facultades de Relaciones Internacionales por doquier y estudiosos de los intríngulis de la diplomacia, el Derecho Internacional y la historia de las relaciones exteriores del país, temas a los que hoy se suman el comercio internacional, los Derechos Humanos y el DIH, pues, sencillamente, la Comisión debe ser otra.
Lo digo con respeto y sin menoscabo del valor de su experiencia, pero un expresidente, por el solo hecho de serlo, no es un experto, aunque algunos lo sean; y un congresista, por el solo hecho de estar en las Comisiones Segundas, tampoco lo es.
A la Comisión hay que, primero, “desconstitucionalizarla”, y segundo, restarle peso al componente político, para sumarle al académico, con abogados expertos en Derecho Internacional y estudiosos de la historia política y de las relaciones internacionales. Sería, sin duda, una Comisión más útil y ajustada a los tiempos que corren.
Mientras tanto… ¡Ojo con Nicaragua!, un enemigo peligroso.