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columna

Ojo con el "odio", señor Gobierno

por: - 31 de Diciembre 1969

Velada pero agresivamente, en días pasados y en la histórica Chaparral, el presidente de la República acusó al procurador General y al presidente de Fedegán de sembrar “odios” y “divisiones”, al promover reuniones con habitantes del campo que afirman que el Estado está quitándoles sin justa causa sus propiedades. 1

Velada pero agresivamente, en días pasados y en la histórica Chaparral, el presidente de la República acusó al procurador General y al presidente de Fedegán de sembrar “odios” y “divisiones”, al promover reuniones con habitantes del campo que afirman que el Estado está quitándoles sin justa causa sus propiedades. 1   Expresan estos campesinos que el Estado, usando la actual ley de víctimas y restitución de tierras, los priva de sus posesiones porque supuestamente ellas fueron adquiridas a personas que se las habían despojado a sus legítimos dueños.   Estos ciudadanos aseguran que ellos obtuvieron tales propiedades cumpliendo la ley y de buena fe, que son justos propietarios, y que por tanto la institucionalidad les está violentando ahora sus derechos.   En declaraciones posteriores y en lenguaje ponderado y razonado, el procurador explicó que las reuniones de San Alberto y de Sabana de San Ángel con dichos campesinos fueron preparadas con participación de delegados de la Unidad de Restitución de Tierras, de delegados del Ministerio del Interior, además de funcionarios militares, judiciales y delegados de la Procuraduría, todo a partir de insistentes solicitudes de las autoridades locales que veían peligrar la paz social. Es decir, que había funcionarios del mismo Gobierno en la preparación de dichas reuniones, y que tales encuentros tenían como uno de sus objetivos la preservación de la concordia y la tranquilidad pública. 2   Tanto el procurador como el presidente de Fedegán -lejos de la caricatura de fanáticos obtusos con que los dibujan ciertos medios- se han manifestado como amigos de la ley de restitución. 3 Expresan ellos que nada mejor que devolver la tierra a quienes fueron despojados de ella por toda suerte de bandidos, con la complicidad de la omisión del Estado.   Simplemente están pidiendo que esa ley no se instrumentalice con objetivos políticos e incluya protección a los propietarios de buena fe, exigiendo que a estos no se les equipare con los despojadores de la tierra.   Es claro, a una persona que compró una finca a un despojador, mientras no se demuestre que actuó de mala fe, con intención perversa o incumpliendo la ley, tiene que respetársele su derecho, e indemnizarla justamente si fuere el caso. Creemos que a esto no se opondrá nadie, porque el del más mínimo sentido común. Y de hecho, parece que no se oponen ni siquiera los funcionarios del propio Gobierno Santos.   Efectivamente, el procurador recordó en declaraciones a los medios que incluso el mismo Gobierno está de acuerdo con lo anterior, pues en meses pasados emitió un acto administrativo en el que se reconocían derechos a esos poseedores de buena fe. Pero que esa normatividad no la aplican los jueces, pues acto administrativo no es ley. Y que eso está causando conflictos, que merecen y seguirán mereciendo la atención de la Procuraduría.   Entonces, preguntamos a esta altura del compromiso: ¿Dónde está verdaderamente el odio pregonado por el presidente?   Entretanto, al ahondar un poco más en el asunto, vemos que el presidente de Fedegán ha denunciado que la Unidad de Restitución de Tierras ha contratado, para hacer “análisis de contexto”, a ciertas asociaciones de izquierda, varias afines a los ruinosos y demoledores postulados del socialismo del Siglo XXI. 4 Estas asociaciones son las que –entre otras preocupantes funciones– señalarían a dicha Unidad los territorios prioritarios de restitución, creando la presunción falsa de que los actuales propietarios en dichos territorios son ilegítimos. Y allí se nos complica la cosa, pues ahí sí va apareciendo el odio; un odio que siembra odios.   Porque el socialismo del Siglo XXI tiene verdadero odio contra el sistema de propiedad privada y contra los propietarios. Para el socialismo del Siglo XXI, XX y XIX todo propietario es un enemigo a ser potencialmente expropiado, una sanguijuela a ser procesada. Pero resulta que cuando las cosas son “de todos” (como desea ‘poéticamente’ el socialismo), terminan siendo de nadie, nadie se preocupa por ellas, el esfuerzo de las personas por producir bienes y servicios agoniza, más lento o más rápido se entroniza la corrupción estatal, y tenemos entonces como resultado calamitosas realidades como las de Cuba o la de una Venezuela que hace rato está instalada en situación de crisis humanitaria.   Por lo demás, la aplicación de la ley de restitución requiere toda la atención y todo el cuidado del mundo, y exige que todas las instituciones del Estado pertinentes estén atentas a que ahí no se cometan injusticias que generen más violencia. Según el presidente de Fedegán, son los propios datos de la Unidad de Restitución de Tierras los que afirman que el 53 % de aquellos que buscan “restitución” ante ese organismo son falsos reclamantes. Un falso reclamante, que sí obtiene su objetivo, es sinónimo de una nueva familia desplazada, de colombianos en la ruina por la acción de Estado, caldo de cultivo para más violencia.   Entonces, ¿es por adentrarse en todos esos problemas, por pedir modificaciones a esa Ley, que el presidente acusa al procurador y al presidente de Fedegán de instigación al odio y a la división?   Tierras, campo, violencia… Colombia no quiere revivir situaciones pretéritas, difícilmente superadas, pero que parece están regresando y en grave intensidad.   Finalmente, no podemos dejar de aludir a las zonas de concentración de la guerrilla de las Farc, zonas que estarían ya a punto de acordarse en sus detalles.   Si esos acuerdos y zonas implican nuevos desconocimientos de derechos de campesinos y propietarios, si significan nuevos ‘paraísos delincuenciales’ donde la guerrilla campee a sus anchas y con armas, si comportan ausencia del Estado o cualquier tipo de afectación a la población civil, el Gobierno será responsable por toda la violencia social y política que allí se genere. Colombia ya no acepta más Caguanes, ni grandes ni chiquitos, ni uno ni mucho menos varios.   Ojo pues señor Gobierno, con ir a reencender las llamas de terribles odios, de esos que aún hay brasas bajo las cenizas, odios de los que aún quedan muy tristes recuerdos…   Carlos Castro   1 (http://noticiasunolaredindependiente.com/2016/04/09/noticias/pte-chaparral-vs-proc/) 2 (https://www.youtube.com/watch?v=4ZWSLn6ThTU) 3 (http://www.lahoradelaverdad.com.co/hace-noticia.html) 4 (https://co.ivoox.com/es/jose-felix-lafaurie-15-04-2016-audios-mp3_rf_11175959_1.html) (https://co.ivoox.com/es/jose-felix-lafaurie-2da-parte15-04-2016-audios-mp3_rf_11176730_1.html)