Los reveses políticos no se hicieron esperar. Saltaron las posiciones irreconciliables de Cuba, con las exigencias de las Farc de una Constituyente e impunidad garantizadas. Al punto de rechazar el “regalo de las curules”, si el precio es el Congreso para unos y la cárcel para otros, según Márquez. Y para cerrar, la Corte Constitucional declaró exequible el Marco Jurídico para la Paz condicionado a la desmovilización, la entrega de armas y sin impunidad. En línea con la Corte Penal Internacional. Recordatorios al Gobierno de que no se manda solo y que la búsqueda de la paz tiene límites.

Es evidente que el estrecho “timing electoral” llevó al Ejecutivo a saltar al sexto punto del Acuerdo, cuando está lejos de un texto definitivo en la negociación. La intención es pegar las elecciones al Referendo para manipular a los electores, con un tarjetón que busca avalar los acuerdos, pero atado a una cacería de votos reeleccionistas que se definirá entre “amigos” y supuestos “enemigos” de la paz. Solo así se explica la pretensión de modificar la independencia y especial atención que debe tener el ciudadano, para apoyar o rechazar las reformas de gran magnitud a la Constitución. Premisas consagradas en la Ley 134 de 1994 y que la Corte Constitucional exaltó en su examen a la norma. (Lea: Marco para la paz no le importa a las Farc, según Ordóñez)

En medio está el nudo gordiano de la pretensión de las Farc de coronar una Constituyente, para garantizar la “paz con impunidad”. Su desconfianza en el establecimiento –exacerbada por el anuncio unilateral del Referendo– y una Corte Penal Internacional “injerencista y sesgada”, en términos de Timochenko, les dice que es el único mecanismo para evitar que sus demandas sean impugnadas. Y, entonces, ¿cómo hacer compatible ese escenario con los requisitos de la Corte para aplicar la Justicia Transicional? Acaso ¿es previsible el fin del conflicto y el desmonte de las estructuras criminales, antes de alcanzar la norma constitucional o votar el Referendo? No lo creo.

Peor aún es realizar un Referendo para garantizar a los bandidos una paz impune, llevando al elector a través de sus estructuras armadas con el negocio del narcotráfico. Es tanto como reeditar dolorosas historias que mezclaron votos con armas, como la emergencia de la UP o los comicios con dineros calientes del “8.000”. Ahora será peor con un marco intimidatorio de armas, dinero del narcotráfico y votos. Vamos camino a un régimen Castro-Chavista.

Aunque el Gobierno ha tratado de salir al paso, cacareando incluso la decisión de la Corte que a todas luces lo pone contra la pared, es evidente su falta de coherencia. Atrapado en sus contradicciones de poco le servirá su “tarjetón electoral por la paz” para encontrar un punto intermedio a todas las partes: los altos tribunales, los narcoterroristas, las víctimas y la sociedad QUE DETESTA A LAS FARC, rechaza en un 80% la impunidad y desconfía del proceso forzado de respaldo ciudadano en las urnas, con los criminales presionando y coartando su libre determinación. (Columna: Las Farc, enemigos del género humano)

Honradamente creo que la generosa salida que el Gobierno está diseñando con los narcoterroristas, crea más elementos de fractura, que de reconciliación. Así lo demuestra el vandalismo armado que, aprovechando la pauperización del campo, están promoviendo por los comensales de Cuba. El Gobierno perdió con esta mala receta todo Principio de Autoridad y no lo recobrará hasta que cese en su empeño de imponer una paz insostenible y suspenda los diálogos de La Habana.