Dizque este es un país “presidencialista”, dicen quienes lo preferirían “parlamentarista” –qué susto con nuestra clase política– o, mejor aún, “socialista”.

Para allá vamos desde la Constitución del 91, que le dio poder a los jueces, que hoy eligen y cogobiernan, y a las “comunidades”, que hoy exigen y cogobiernan, pretendiendo decirle al presidente lo que puede y no puede hacer; lo que debe y no debe hacer.

El nuestro es, cada vez más, un país “comunitarista”, condición que suena previa a uno “comunista” y que inspiró la “constituyente de 2017”, pues no otra cosa fue el Acuerdo con las Farc: una constituyente ilegítima y a espaldas del país, con la bendición –vaya paradoja– de la Corte Constitucional.

Esas comunidades que son protagonistas del acuerdo fariano; con derecho a participar en las instancias decisorias del gobierno, es decir, a “cogobernar”, son las mismas controladas por las Farc y el ELN en inmensas zonas rurales desde hace décadas, y las absorbidas ideológicamente por la izquierda en las ciudades, a través del movimiento sindical (FECODE, CUT, USO, FENALTRASE, ASONAL JUDICIAL, etc.) y de una diversidad de ONG y de movimientos “progresistas”, que les sonríen “de ladito”, y otros “de frente”, al Foro de Sao Paulo y al socialismo bolivariano.

Una de ellas es la minga, una unión de “comunidades” detrás de la cual está el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y, valga la redundancia, detrás del cual estuvieron siempre las Farc –sexto frente y Columna Móvil Jacobo Arenas–, con pactos de convivencia y de “formación ideológica” firmados desde los ochenta, los cuales –claro–, niega el senador Feliciano Valencia, el mismo que pretende chantajear al presidente, “citándolo” a Cali a “rendir cuentas”.

“El debate es con Duque… y punto”, sentenció arrogante, después de despreciar el diálogo con los ministros. No se trata en esta ocasión, de pedir plata, que el CRIC ya ha recibido mucha y está siendo investigado por la Contraloría. No se trata de pedir tierras, porque en 2019, después del chantaje violento en la Panamericana durante casi un mes, recibieron 90.000 millones para compra de tierras y ya no hay en Cauca más tierra que comprarles, pues ya son dueños del ¡40%! del departamento.

¿De qué se trata entonces? El asesinato de líderes sociales es apenas la bandera mediática, pues ellos saben que el victimario es el narcotráfico, a cuya erradicación se oponen hasta con violencia contra la Fuerza Pública. El mismo Valencia confiesa que se trata de un “debate político” sobre “temas estructurales”: glifosato, “fracking”, Acuerdo de Escazú, reforma laboral, modelo económico, cumplimiento del acuerdo, etc.

Y ni siquiera se trata de eso, sino de un montaje, una verdadera opereta. El CRIC de Valencia contaba con la negativa del presidente, después de lo sucedido en 2019, cuando Duque aceptó la “invitación”, pero no accedió a un debate imposible frente a una muchedumbre vociferante e infiltrada, que lo que quería era matoneo presidencial en vivo y en directo.

De eso se trata. La minga lo chantajea; el presidente se niega; la minga lo acusa de los asesinatos y de indiferencia frente a los “autopobreteados” indígenas; la marcha prosigue con su irresponsable amenaza contra la salud de los colombianos y, vaya casualidad, coincide en Bogotá con el paro de FECODE y con el también irresponsable Paro Nacional de la CUT para el 21, en plena pandemia y cuando el país clama por reactivación. Aparecerán, como siempre, los vándalos; la arrogante alcaldesa culpará al presidente por no arrodillarse con “humildad”, todo ello mientras… Petro sonríe satisfecho tras bambalinas.

@jflafaurie