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Normas e instituciones

por: Oscar Cubillos Pedraza- 31 de Diciembre 1969

Entre enero y septiembre de 2019 el sacrificio de bovinos y bufalinos reportó una baja de 1,6% respecto al mismo periodo de 2018, de acuerdo con las cifras registradas por el DANE en su Encuesta de Sacrificio de Ganado, que, a propósito, en términos reales, ya no es una encuesta sino un censo.

Haciendo un rápido y ligero pronóstico, seguramente el año registre una caída cercana al 1%, en una tendencia de faena muy similar a la de 2017.

Se debe tener en cuenta que desde el año 2013 con la mayor desinstitucionalización de Venezuela se originó mayor contrabando de animales y de carne que ha impactado en el sacrificio de bovinos y bufalinos en nuestro país.

Entre 2013 y 2019 el decrecimiento en el sacrificio formal doméstico es de 18%, cifra que sin duda afecta gravemente a cualquier sector económico. Sin embargo, no solo los líos del vecino país han afectado a nuestra industria ganadera; también lo ha hecho la política pública propia en donde se han generado unos efectos colaterales.

El Decreto 1500 de 2007 cuyo objetivo principal fue el de poner en cintura a las plantas de sacrificio que tuvieran escasos estándares sanitarios, permitió el cierre de aquellas que no lograran alcanzar un nivel mínimo de cumplimiento.

La esperanza que se tenía era que la oferta de carne que se producía en lugares que no cumplían los requisitos sanitarios fuera recogida por los frigoríficos que sí la cumplían. Sin embargo, tal situación no ocurrió, y al contrario dicha producción fue a parar a manos de la clandestinidad.

Con el nuevo Decreto 1975 de 2019, se busca dar una actualización a la anterior normatividad y permitir que en determinados municipios las plantas que no cumplen con el estándar sanitario puedan alcanzar un nivel de cumplimiento como plantas de autoconsumo y así abastecer a sus mercados naturales. Sin duda, alcanzar tal objetivo sería muy efectivo en la lucha contra la ilegalidad y clandestinidad.

Para cumplir favorablemente con los requisitos exigidos se ha establecido un horizonte de 24 meses en donde el INVIMA hará las evaluaciones pertinentes. Es precisamente allí en donde viene la otra parte de la tarea para que la norma sea exitosa. El ejercicio efectivo y juicioso por parte de la institucionalidad.

Debe existir una correcta articulación entre el INVIMA y las Secretarias de Salud para que pueda hacerse control oportuno en los diferentes municipios del país, no solo en el correcto impulso y asesoría para las plantas que consideren estar en el nivel de autoconsumo, sino para controlar el contrabando e ilegalidad que tan fuerte le han pegado al sector.

Sin duda, con la norma actual y unas instituciones fuertes, el consumo de carne volverá a repuntar y mostrar las tendencias crecientes registradas en la década anterior.

Tal vez será mucho pedir hoy, pero si además la situación política y económica de Venezuela cambiara, tendríamos una mayor garantía en la lucha contra el contrabando, la clandestinidad e incluso la amenaza de la aftosa.