La semana pasada el Gobierno y el Eln anunciaron un cese el fuego bilateral en lo que denominaron “el acuerdo de Quito”. Es un avance que se llegue a acuerdos que signifiquen una reducción de todo acto de violencia y barbarie y sobre todo, que garanticen la protección de la vida de los colombianos. Sin embargo, queremos ver mayor firmeza del Estado.   Uno de los mayores errores del Gobierno durante la negociación con las Farc, fue precisamente no ponerles condiciones mínimas humanitarias para que el proceso tuviera legitimidad por el apoyo de los colombianos y no por artimañas jurídicas.   Bajo ningún criterio puede decirse que la paz se consigue con la claudicación del Estado de Derecho. Todos los colombianos tenemos el anhelo de ver una Colombia en paz, sin embargo, ello no es aceptar el discurso que justifica los secuestros, el asesinato de militares, la voladura de oleoductos, el reclutamiento de menores y demás delitos que engrosan su prontuario. Una negociación no puede convertirse en un paréntesis que dé a los criminales licencia para matar.   La primera exigencia que debe hacer el Gobierno tiene que ver con que ningún delito que cometan durante la negociación tendrá los beneficios jurídicos que se deriven de la mesa.   El segundo aspecto que debe corregirse es que Venezuela sea un país garante, pues no tiene presentación que una dictadura acompañe un proceso que debe fortalecer las instituciones y no acabarlas, máxime cuando el Eln ha utilizado el territorio del vecino país para esconder sus tropas y sus armas.   El Eln y las Farc se han burlado permanente de los colombianos y del anhelo de paz, sobre todo cuando en vez de mostrar genuino arrepentimiento, se llaman a sí mismos víctimas y posan como defensores de derechos humanos.   Prueba de ello son las declaraciones de alias “Pablo Beltrán”, para quien las extorsiones y secuestros son actividades legítimas para financiarse, diciendo que el Estado vive de los impuestos, y ellos necesitan “contribuciones, la mayoría voluntarias”. Este año se han reportado cuatro asesinatos de militares por cuenta del Eln, 14 secuestros y 44 atentados contra la infraestructura petrolera. ¿Es eso voluntad de paz?   El anuncio del cese el fuego bilateral de hostilidades es una antesala planeada para la visita del Papa Francisco a Colombia, para darle boom mediático ante la comunidad internacional.   La visita de un guía espiritual tan importante para los que profesamos la fe católica, no puede ser el marco para una nueva burla a los colombianos en la que se hable de perdón sin que medie previamente el sincero arrepentimiento y propósito de la enmienda.   El Gobierno debe exigir el cese definitivo del secuestro, la extorsión y los actos de terrorismo, así como la devolución inmediata de todos los secuestrados y de los menores que se encuentran en sus filas. “Quien no conoce su historia, está condenado a repetirla”. No queremos repetir la historia: aceptar el “todo vale” de los criminales para lograr la firma de un acuerdo que deje en la incertidumbre el futuro de los colombianos.