“No nos dejen otra vez solos frente a la delincuencia” fue el clamor que hicieran los ganaderos al Gobierno y al país hace apenas un año largo –en enero de 2024– ante la crisis de seguridad que se apoderó del sector rural. ¡Pero los dejaron solos!

Hablamos de secuestro, extorsión y en no pocos casos de asesinatos que desde hace décadas azota al sector agropecuario y en especial a los ganaderos. Durante 2025, en solo Arauca, la Defensoría del Pueblo da cuenta de 51 personas secuestradas, cinco de las cuales fueron asesinadas, 18 continúan en cautiverio y 28 han sido liberadas, señala un artículo publicado en este medio. Eso sin contar la extorsión.

Pero no solo fueron esos delitos. También van en aumento las invasiones a la propiedad privada. Desde hace décadas las consignas de la tierra para quien la trabaja y la invasión a la propiedad privada —con las que el comunismo agitó sus banderas desde los años cincuenta—, volvió a tomar fuerza inusitada desde el periodo preelectoral del actual gobierno.

Ya no en panfletos —como en esas épocas— la invitación es la misma: “a desalambrar, a desalambrar” como ilustra alguna pancarta en el nuevo acuerdo de Chiroral. El discurso oficial revivió la narrativa de terratenientes, usurpadores de tierras y de ricos improductivos que han despojado de tierras a campesinos. Y con ese discurso el gobierno se dio a la tarea de intimidar con la movilización del pueblo —¡el pueblo es el que manda, todos se deben al pueblo!— a la par que ensambló un tinglado para adelantar una reforma agraria con la compra de tierras fértiles y forzar su expropiación —aplicando así diversas formas de lucha—.

El Acuerdo de Escazú, el plan de desarrollo que introduce la expropiación administrativa, el proyecto de Jurisdicción Agraria, van encaminadas en esa dirección. Este último busca ejercer control sobre la propiedad del suelo como medio de producción, promoviendo una economía con dirección centralizada que, ante las narices de los productores rurales y con la anuencia de nuestros legisladores, está siendo finalmente materializada a través de las AEIPDHA (Áreas de Especial Interés para Proteger el Derecho Humano a la Alimentación), las APPA (Áreas de Protección para la Producción de Alimentos) y las ZPPA (Zonas de Protección para la Producción de Alimentos).

Ahí no para ese proceso. Ahora busca hacerse al control de todas las organizaciones campesinas y entre ellas las de los gremios. Los cafeteros ya han afrontado tal embate; vendrán otros para lo cual está en marcha un estudio sobre la parafiscalidad. En fila estará el gremio de los palmeros, el de los arroceros, el de los ganaderos, y otros diez más, sin incluir al de comerciantes y de otras actividades productivas, junto con sus líderes que, al parecer, son un estorbo para los propósitos del gobierno.

Los sectores que más han sufrido las invasiones —léase ganaderos, palmeros, productores de caña de azúcar, entre otros —enfrentan hoy una forma de reforma agraria más agresiva, prohijada por el discurso oficial. El elevado número de invasores que se toman una finca y su constante repetición en diferentes partes del país, han convertido este delito en parte del ‘paisaje’, con el agravante que los invasores se están organizando para ocupar los predios, creando ONG para dar apariencia de legalidad. El general (r) Fernando Murillo, estratega de seguridad de Fedegán, ha advertido en estas mismas páginas, que las invasiones de tierras se han vuelto cada vez más sofisticadas, con estrategias bien planeadas para perpetuar la ocupación ilegal de predios rurales.

No nos dejen solos, ya no es solo el clamor de los ganaderos ni de productores del sector agropecuario. Es el clamor de la población pobre que requiere con urgencia medicamentos; de los médicos; de los periodistas; de los estudiantes que les truncaron su ilusión de lograr una mejor preparación al cortarles la financiación de sus estudios; de los maestros que ven su situación social cada día más deteriorada o de dirigentes gremiales como el de la Andi o el de Fenalco, o de los sectores energéticos o el mismo Congreso de la República o la Junta del Emisor y otras ramas del poder público, que cada día son más vapuleados, a quienes sí de verdad, se les está quitando la dignidad.

La conclusión es clara: cada uno por separado no logra mover un solo ápice el “no nos dejen solos”. Ese clamor hay que transformarlo por un ¡no nos dejemos!, entre todos.