El gobierno salió esta semana con el cuento de que está revisando si continúa, o no, con el cese del fuego con el Clan del Golfo.

Para empezar, el tal “cese del fuego bilateral” de Petro:

1- ni se parece a un cese del fuego, 2- ni es bilateral con nadie, 3- ni es para la paz.

Por lo menos para la paz que los colombianos entendemos como paz. Ni la paz es cualquier cosa, ni tiene el menor sentido ético coger la bandera de la paz para volverla una artimaña más al servicio de la verdadera estrategia de milicianizar el país para acabar con la democracia.

Comencemos por definir lo que es un cese del fuego de verdad, para ver si estamos hablando de lo mismo. Esta precisión se nos vuelve imprescindible cuando tenemos a un gobierno que utiliza la manipulación del lenguaje como una de sus formas de lucha. Con el cuento de que tiene que “deconstruir los relatos periodísticos”, este gobierno ha venido dándoles a las palabras el significado que le da la gana, según se acomode a la ventolera que lo obsesione en ese momento. Por ese camino convirtieron al secuestro en cerco humanitario, al vandalismo en supuesta protesta social, a los acuerdos de plata y votos carcelarios en perdón social y al proceso de paz en el mascarón de proa con el que ocultar la patente de corso que el gobierno pactó con las mafias para que consoliden su endemoniada estrategia de los controles territoriales.

Un cese del fuego, cuando es de verdad, tiene que incorporar el cese de todo tipo de acciones violentas e ilegales. No basta con silenciar los fusiles y, menos aún, con silenciarlos tan solo contra un tipo de personas. Comprometerse a cesar el asesinato de algunos líderes sociales para darle contentillo al presidente mientras siguen secuestrando, extorsionando y activando al máximo todos los negocios de las llamadas economías ilegales, no es ningún cese del fuego. Ese cuento de que la paralización de las fuerzas armadas constitucionales a cambio de que las organizaciones criminales dejen de matar líderes es para “defender la vida y acabar la muerte” es uno de los más grandes engaños.

Tal como está planteado, lo que Petro y los ministros de defensa e interior llaman “cese del fuego bilateral” no es otra cosa distinta que amarrarles las manos a las fuerzas armadas constitucionales para que las organizaciones criminales puedan consolidar, sin estorbo alguno, sus milicias territoriales con las que garantizan el verdadero negocio de negocios: el control territorial.

Mejor dicho: eso, de cese del fuego, no tiene nada. Ni es, menos aún, bilateral. La bilateralidad supone, sencillamente, eso: que los dos paren.

– ¿Pero, ¿qué quiere decir que los dos paren? ¿Que paren qué?

Lo primero que un gobierno medianamente racional jamás perdería de vista son las diferencias que existen en la naturaleza de lo que uno y otro ponen en un cese del fuego. Esto, porque nunca puede perder de vista que las naturalezas de los actores de un cese del fuego son radicalmente distintas, independientemente de que se sienten a negociar en una misma mesa.

De un lado, está lo que deben poner los ilegales. Llámense como se llamen. Ellos deben poner el pare total de las violencias y los delitos que cometen contra las tres víctimas principales de sus acciones. A leer: el pueblo, el Estado y la comunidad internacional. Hablando en castellano, los ilegales deben dejar de matar, pero además deben dejar de secuestrar, extorsionar y violar. También deben dejar de narcotraficar, deforestar y destrozar el medio ambiente para robarse el oro que es de todos los colombianos. Además deben dejar de reclutar a adolescentes para convertirlos en sicarios, prostitutas y mulas para la cocaína y la mariguana. Y, por sobre todo, deben dejar atrás su verdadera estrategia de milicianizar para ejercer el control territorial, que no es otra cosa que la suplantación del Estado en los territorios para poder crecer sus economías ilegales a punta de imponer dictaduras criminales contra las poblaciones.

Del otro lado está el Estado, que tiene que poner la parte más costosa del cese del fuego. La parte más costosa desde los puntos de vista moral, político e institucional. El Estado se compromete a dejar de perseguir a los que matan, extorsionan, secuestran y violan a la gente. Es decir que el Estado deja de cumplir su primera razón de ser, cual es la de garantizar, mediante el uso de la fuerza legítima, la vida, honra y bienes de su sociedad. Todo esto, en teoría, a cambio de que la paz que se espera consiga devolver la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Para comprender, a cabalidad, en qué consiste la “bilateralidad”, es preciso tener bien claras las diferencias que existen entre las partes del cese del fuego. Confundirse en esto conlleva a lo que podríamos denominar la sodomización de los procesos de paz. Creer que la Picota es lo mismo que la Casa de Nariño, que las fuerzas armadas constitucionales son lo mismo que el Clan del Golfo, los Pachengas y los Ivánmordiscos juntos; creer que el vandalismo es lo mismo que la protesta social; creer que el secuestro es lo mismo que el cerco humanitario o llegar a creer que los movimientos campesinos, indígenas y cimarrones son lo mismo que las milicias que arman las organizaciones criminales para defender los cultivos y los laboratorios del narcotráfico.

No se puede confundir “bilateralidad” con rendición del Estado, cómo está ocurriendo aquí. Aquí, el gobierno está paralizando a las fuerzas armadas constitucionales mediante decretos, órdenes presidenciales y unos tales “protocolos” de cese del fuego que repartieron en todas las unidades de ejército y policía, para que no persigan a los criminales. Mientras tanto, los criminales siguen multiplicando los cultivos y los laboratorios, siguen montando dragas y dragones para seguir despedazando el medio ambiente, siguen extorsionando a todo el mundo, siguen imponiéndole su terror y siguen creciendo, sin freno alguno, la milicianización de los territorios.

Aquí, el único que está parando es el Estado.

– ¿Parando qué?

Parando de perseguirlos a ellos, que es lo mismo que parando de defendernos a nosotros, la sociedad. Tal como se lo ordena la Constitución.

El gobierno no puede seguir engañando, entonces, con el cuento de que este “cese del fuego bilateral” sea para la paz.

Les voy a contar una historia:

Cuando Carlos Pizarro y Rafael Pardo se reunieron, por primera vez, el 10 de enero de 1989, y firmaron el primer documento con el que abrieron el proceso de negociación, lograron establecer la regla de oro que garantizó que la paz del M-19 y el gobierno del presidente Barco fuera un éxito. En ese documento quedó claro que, desde un comienzo, el proceso de negociación era para llegar a la dejación de las armas y a la paz para la democracia.

Es decir, que el proceso de paz era para la paz.

Esto que suena tan de perogrullada, no lo es tanto. En aquel entonces ya habíamos visto cómo las Farc habían convertido el proceso de paz de la Uribe, abierto con el presidente Betancur desde marzo de 1984, en un proceso de paz para la guerra. Para Jacobo Arenas y Manuel Marulanda el proceso de paz era un escenario más en su estrategia de la Combinación de todas las formas de lucha. Usaban el proceso de paz, con su exposición política y su cese del fuego para acumular fuerzas política y militarmente en su estrategia de guerra y no de paz.

Por eso fue tan novedoso cuando Pizarro y Pardo firmaron que ese proceso de paz sí era para la paz. Allí estuvo la clave.

Aquí, lo que estamos viendo es que Petro no le exige a nadie que se comprometa con la paz de verdad. Aquí, todos los ilegales se toman fotos de paz para seguir delinquiendo, para seguir haciendo la guerra y para seguir milicianizando a Colombia.

Por eso, no se confundan: en nada se parecen la paz de Pizarro con la “paz” de Petro.