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Propongo una minga de empresarios y sector productivo del país. Pidamos que la ley tributaria no aplique en nuestros negocios, que el Congreso no pueda legislar en ninguna materia que tenga que ver con los asuntos empresariales. Exijamos el desmonte de la Dian y declaremos que no estamos obligados a respetar ninguna norma que nos parezca absurda.
Equivalentes a estas peticiones es lo que los indígenas de la minga del Cauca le están pidiendo a Iván Duque. Con paciencia y tacto, el Gobierno ha intentado, como los anteriores, manejar una situación que no tiene solución. Desde hace años, la institucionalidad se ha debilitado hasta el punto que ni la ley ni la autoridad tienen hoy ninguna validez en esos territorios. Ante esta situación de hecho, en los resguardos prolifera el narcotráfico y grupos al margen de la ley aprovechan la inexistencia de las fuerzas de orden.
Los territorios siguen siendo de los más pobres del país, con índices sociales lamentables. Pero no es por falta de presupuesto.
Con envidiable éxito, los indígenas han convencido a decenas de ONG internacionales que creen defender una cultura prehispánica amenazada. Han vendido la idea de que son unos protectores de la tierra contra la explotación capitalista. El Estado entró en ese juego y, luego de cada paralización de la carretera Panamericana, otorgó cuantiosos recursos a los organizadores sin ejercer ningún control en su ejecución y buscando recuperar temporalmente el orden.
Miles de millones de pesos se han gastado sin que nada mejore. Como los organismos de control tampoco operan en esos territorios, el uso de los dineros no queda registrado ni es posible hacerles seguimiento. Los jefes indígenas operan con total autonomía y cuando el dinero se agota, regresan a la minga y bloquean la carretera.
El sur del país está extorsionado por unas comunidades que creen que sus exigencias están por encima de los derechos de los demás colombianos. Hay evidencia de que todo no es transparente y que la minga no es tan pacífica como nos quieren hacer creer. Cauca y Nariño se encuentran literalmente sitiados por los indígenas que han creado un peaje que cobran cuando lo necesitan y que gobiernos, no han querido enfrentar con decisión.
La minga no es sino uno de los escenarios donde los grupos sociales organizados exigen que sus peticiones sean escuchadas. Nunca he visto a los empresarios –ni grandes ni pequeños– hacer huelga. No son las madres cabeza de familia que madrugan para mantener sus hogares funcionando las que pintan las calles y enfrentan al Esmad. No son los trabajadores formales o informales los que protestan. Son siempre los mismos empleados públicos que gozan de seguridad en el empleo y no están sometidos a ninguna evaluación de resultado. Son los estudiantes que empiezan su carrera, renegando por todo, sin asumir ninguna responsabilidad. Posan de ser el futuro cuando tienen cara de ser un nuevo pasado.
Los que protestan le apuntan a capturar los recursos que producen los sectores que no están en la calle pidiendo lo que no se han ganado. Tenemos un país donde un porcentaje creciente de la población cree que tiene derecho a todo y que se lo deben dar sin excusas. Hay demasiados pidiendo y los que producen no dan más.
Portafolio, marzo 26 de 2019