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Las denuncias de José Gabriel dejan varios interrogantes sobre la actuación de la embajada en defensa de sus nacionales
Graves y ofensivos contra toda Colombia resultan los atropellos a que vienen siendo sometidos miles de compatriotas cuando llegan al aeropuerto Benito Juárez de Ciudad de México.
Las denuncias del exembajador José Gabriel Ortiz son aterradoras. Cuenta cómo, sin que medie una mínima causa, las autoridades de migración mexicanas van escogiendo de la manera más arbitraria a mujeres y hombres que llegan desde nuestro país y los sacan de las filas normales para darle inicio a un verdadero tour de la infamia. Los encierran en cuartos herméticos que más parecen porquerizas por la cantidad de vómitos e inmundicias que enlodan sus pisos y colchonetas, los despojan de sus pasaportes y celulares, les niegan el mínimo derecho a hacer una llamada para informar lo que les está ocurriendo, les dan tratamiento de delincuentes indeseables por el solo hecho de encarnar nuestra nacionalidad, los gritan y menosprecian porque sí, y en la inmensa mayoría de los casos los montan de nuevo en un avión de regreso, esta vez deportados, humillados y desvalijados.
Pero al lado de la sorpresa que me produjeron los relatos de José Gabriel Ortiz –la verdad, no sabía que aquello estuviera ocurriendo–, también me sorprendió que no se tratara de unos pocos casos que se hubieran presentado recientemente.
A propósito del eco mediático de las denuncias, nos enteramos también de que la infamia viene ocurriendo desde hace tiempos y de que estamos hablando de miles de personas que han padecido ese infierno.
Hasta ahora nos cuentan los medios que en el solo 2020 fueron más de 4000 los “inadmitidos” en el aeropuerto Benito Juárez que fueron devueltos sin fórmula de juicio y sin haber podido realizar sus planes en un país tan querido por nosotros como ha sido México.
Mientras escribo esta columna veo que aparece la noticia de que la Canciller y la embajadora ya tomaron cartas en el asunto y entraron en comunicación con el gobierno mexicano. Teniendo en cuenta la magnífica tradición de las relaciones con México, no cabe la menor duda de que la situación tendrá una solución eficaz y pronta.
Sin embargo, no dejan de quedar rondando en el ambiente ciertas inquietudes que bien valdría la pena que se las plantearan las instancias de gobierno a fin, sencillamente, de intentar cumplir con su deber de la mejor manera.
¿Tenían conocimiento, o no, los funcionarios de la embajada de que estos hechos estaban ocurriendo?
¿Si tenían conocimiento, desde cuándo lo tenían y por qué no habían actuado?
¿Si no lo tenían, por qué no lo tenían?
¿Si no lo tenían, qué puede estar ocurriendo con el mínimo sentido de pertenencia que debieran tener los ciudadanos con sus instituciones; por qué entre las miles de víctimas nadie sintió que tenía sentido acudir a denunciar?
Uno de los más bellos signos de la grandeza de las naciones se manifiesta cuando siempre salen a la defensa inmediata de sus nacionales ante la más mínima agresión, en cualquier parte del mundo y sin importar a quién haya que enfrentar.
Aquí viene cundiendo, desde hace años, una escuelita de la burocracia que reacciona más por lo que digan los titulares de prensa que por los deberes genuinos del Estado con sus ciudadanos.
Aunque pareciera que aún estamos lejos, de ninguna manera podemos renunciar al legítimo derecho de respetabilidad y dignidad de nuestra nación.