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Fue tan grande el escándalo que la justicia tuvo que echar marcha atrás. La Corte de Apelaciones, en acrobacia espectacular, modificó, de hecho, en menos de 24 horas, los alcances de la sentencia brutal de la juez Bénédicte de Perthuis contra la líder conservadora francesa Marine Le Pen.
La candidata presidencial había sido condenada el 31 de marzo, en primera instancia, a cinco años de inelegibilidad y cuatro años de prisión (dos no ejecutables) y a pagar una fuerte multa por “malversación de fondos públicos relacionados con el asunto de los asistentes parlamentarios europeos”.
Esa decisión, que también afecta a 24 asistentes parlamentarios del partido Reunión Nacional (RN), provocó fuertes reacciones no solo de parte de Marine Le Pen, quien proclama desde el comienzo su inocencia y la de RN, sino también dentro de la clase política francesa, e incluso de sectores gubernamentales.
Pues la condena contra Marine Le Pen, además de ser sumamente exagerada, equivale a decidir que un juez puede decidir, invocando una mezcla de razones jurídicas, no jurídicas y abiertamente políticas, quien puede o no ser candidato presidencial en Francia, lo que constituye un ataque a la soberanía popular.
El acto de tratar de impedir que 11 millones de electores puedan votar por Marine Le Pen en 2027 confirmó que existe un grupo de magistrados, que trabajan, consciente o inconscientemente, para erigir una dictadura judicial. No podría ser catalogada de otra manera la ambición de poder obstruir, entre otras, las candidaturas de nivel local y nacional que no le gustan a un grupo que nadie ha elegido y que, sin embargo, se atreve a usurpar un derecho principalísimo de la ciudadanía.
Éric Ciotti, aliado de RN, calificó esa decisión como un “trapicheo judicial” destinado a excluir candidatos de derecha potencialmente ganadores.
El otro elemento que disparó el desconcierto, sobre todo en el mundo de los juristas y abogados, es que la decisión del tribunal es inapelable: la condenada no tendría el derecho a acudir a la segunda instancia que preconiza toda democracia liberal. La sentencia se apoya en la noción controvertida de “ejecución provisional”, es decir que la apelación no tendrá efectos suspensivos y sería resuelta muy tarde, en este caso después de la elección presidencial de 2027. Para algunos juristas, esa manipulación del derecho de apelar las sentencias hace imposible la defensa de los justiciables.
La izquierda celebró la condena y exigió que ésta sea “respetada” y no discutida. Criticó la revelación del nombre de la juez y que la prensa haya revelado que ella es, sobre todo, experta contable, lo que explica la fragilidad de ciertos aspectos de su sentencia de 120 páginas donde aparecen máximas y argumentos políticos, como el de “enriquecimiento partisano”, y el de que no condenar a Marine Le Pen generaría “alteraciones irreparables al orden público democrático” nociones que no existen en derecho y fueron inventadas por la juez, según el abogado Pierre Gentillet.
Todo ello mancilla el derecho al debido proceso y deja ver un tufillo de justicia de excepción destinada a impedir la victoria de una candidata de derecha, que es, además, la dirigente del mayor partido político de Francia.
Influencers ultras diseminan a su vez la mentira de que Marina Le Pen ha sido condenada “por corrupción”. No hay tal. La juez reprochó a los asistentes parlamentarios de RN haber utilizado los honorarios que les daba el Parlamento Europeo para sostener la actividad política de RN no solo en el euro parlamento sino también en Francia. El intrincado reglamento respectivo ha afectado en el pasado a varios partidos, pero sin generar catástrofes jurídicas como la actual. Ni Marine Le Pen, ni un solo asistente parlamentario de RN, fueron condenados por enriquecimiento personal.
Unas horas después de conocer el veredicto, Marina Le Pen explicó en TF1, el principal canal de televisión, que ese fallo es “político” y advirtió que no se dejará eliminar de esa manera. Pidió que le permitan tener una audiencia de apelación pronta como a todo justiciable. En las primeras horas de ayer, voceros del RN invitaron a una manifestación pacífica en París el domingo próximo para protestar por la sentencia inicua y dijeron que si Marine Le Pen no podía presentarse postularan a Jordan Bardella, número dos de RN para la elección presidencial.
Súbitamente, las cosas empezaron a cambiar. El primer ministro François Bayrou, el ministro de Justicia, Gérard Darmanin y el ministro del Interior, Bruno Retailleau, horas después, se mostraron contrarios a la mutilación de la segunda instancia e hicieron votos para que Marine Le Pen pudiera disponer de ese derecho y que la apelación sea decidida en tiempo útil para que ella pueda ser candidata si cae la condena de inelegibilidad. Dos horas más tarde, la Corte de Apelaciones cedió y fijó julio de 2026 como fecha para la audiencia. Esa reculada dejó ver que la juez de primera instancia había ido muy lejos y que había creado un incidente de derecho que no favorecerá la imagen de Francia en el exterior. Al día siguiente, el presidente Macron admitió, en forma minimalista, en un consejo de ministros: “Los justiciables tienen el derecho a los recursos”.
Los especialistas le atribuyen a un grupo de jueces ultra politizados, el origen de las presiones indebidas que cristalizaron en el fallo. Minoritario dentro del campo judicial, el Sindicato de la Magistratura, había exigido en sus circulares del 9 y 11 de junio de 2024 que la magistratura se “movilice contra el acceso de RN al poder”.
La indignación creada por la sentencia de inelegibilidad llevó a que 100.000 personas, en menos de 24 horas, firmaran un texto de respaldo a Marine Le Pen y que 10.000 electores pidieran ingresar a RN, según voceros de este partido.
Nunca se había visto en Francia un intento tan desenfrenado de marginar, bajo apariencias legales y acusaciones falsas, a un candidato presidencial. Empero, esos mismos métodos ya habían sido empleados en otros países, con variados resultados.
Le ocurrió al norteamericano Donald Trump, al italiano Silvio Berlusconi, al brasileño Jair Bolsonaro y a otros que han sido víctimas de jueces que tratan de sacarlos del juego con procesos penales relámpago o de varios años. En Colombia ocurre otro tanto hoy con el expresidente Álvaro Uribe quien es víctima de maniobras judiciales destructivas más antiguas incluso que algunos de los casos citados y que lucha con cierto éxito para evitar la muerte civil. “Si no puedes vencerlos, exclúyelos”, podría ser el lema de la extrema izquierda internacional que lucha para sacar del camino a sus adversarios y para socavar las instituciones que entraban tales ambiciones.
2 de abril de 2025
