En Colombia, las personas que son amenazadas de muerte son de 2 clases: las que reciben una protección efectiva del Estado y las otras. A estas últimas no se les hace caso, así las amenazas sean explícitas y vengan de la organización terrorista más feroz del continente. Lo curioso es que en el primer grupo se encuentran los que apoyan al Gobierno de Juan Manuel Santos. En el segundo están los otros, lo de la oposición republicana. Ese es el respeto que el régimen de Juan Manuel Santos tiene por el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley.

Lo que le ocurre en estos momentos a la parlamentaria María Fernanda Cabal Molina, del partido opositor Centro Democrático, y a 2 abogados defensores de los derechos humanos, Fernando Vargas Quemba y Jaime Restrepo Restrepo, es la perfecta confirmación de esa actitud escandalosa.

Estos son los hechos. El 16 de enero pasado, María Fernanda Cabal, miembro de la Cámara de Representantes, reveló por twitter que había recibido un texto de las Farc, fechado el 14 de enero de 2015, donde ella es declarada “objetivo militar” junto a los juristas Fernando Vargas y Jaime Arturo Restrepo y a las familias de todos ellos. La amenaza dice: “Hemos decidido (…) que se declare objetivo militar a los siguientes políticos, abogados y falsos voceros de las víctimas de la oligarquía narco paramilitar”. Y agrega: “no respondemos por sus vidas o la de sus familias y serán nuestro objetivo claro de aquí en adelante”.

La doctora Cabal, que en otras ocasiones ha sido blanco de amenazas de las Farc,  respondió: “Las Farc me amenazan por decir la verdad. La guerrilla, como un gran gesto de paz, me amenazó de muerte por decir la verdad, por no arrodillarme y por defender lo correcto”. El jurista Fernando Vargas ha sobrevivido a varios intentos de asesinato de las Farc.

En lugar de creerles y de tomar medidas adicionales de protección para ellos, el saliente director de la Unidad de Protección, Andrés Villamizar,  quien está obligado a tomar medidas al respecto, se limitó a decir que “enviará el panfleto a un análisis especializado” para “determinar su legitimidad”.  

Lo chocante es que  unas horas antes, cuando una activista de extrema izquierda, Piedad Córdoba, sufrió también amenazas de muerte (recibió “flores fúnebres”, dice la prensa), el señor Villamizar y el gobierno actuaron de  manera diferente: no frenaron la acción de protección con el pretexto de tener que determinar primero “la legitimidad” de la amenaza (ninguna amenaza de muerte puede ser “legítima”, señor Villamizar), sino que anunciaron que inmediatamente reforzarán la seguridad de Piedad Córdoba.  

Piedad Córdoba fue destituida de su cargo de senadora en 2010 e inhabilitada por 18 años para ocupar puestos públicos por sus nexos probados con las Farc. En 2005, Piedad Córdoba fue condenada por fraude electoral por el Consejo de Estado. El martes pasado, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, llegó a decir que sabía que la amenaza contra Piedad Córdoba había sido lanzada por “sectores de la ultraderecha y extrema izquierda”.

En vista de eso, el alto Gobierno dio la orden de que la Policía y la Fiscalía se coordinen  “para establecer el origen de las intimidaciones” contra Piedad Córdoba. El ministro Cristo subrayó que al Gobierno “le preocupan las amenazas contra dirigentes de la izquierda y defensores de derechos humanos”, y que él rechaza “las intimidaciones, que buscan generar un clima de incertidumbre y zozobra ahora que el país se aproxima a entrar a una etapa definitiva en las negociaciones de paz en La Habana (Cuba)”.

Nada de esto fue dicho por ese ministro, ni por Santos, ni por los directores de la Fiscalía y de la Policía nacional cuando la parlamentaria Cabal lanzó la alerta y mostró el terrible comunicado de las Farc. María Fernanda Cabal critica con argumentos muy serios el proceso que Santos adelanta con las Farc en Cuba y que ellos llaman “proceso de paz”.

Piedad Córdoba, quien se opone a María Fernanda Cabal, fue recibida por el general Rodolfo Palomino, director de la Policía, a quien le exigió “establecer la procedencia de las intimidaciones y adoptar medidas para reforzar su seguridad”, dijo El Espectador.

El presidente Santos también se movilizó y adelantó la reunión que tenía con Piedad Córdoba. Esa reunión había sido pedida para que ella le exigiera --junto con voceros de los grupúsculos de extrema izquierda que critican a Santos por negarse a ordenar la parálisis de las fuerzas militares y de policía--, detener las “ofensivas contra las Farc”.

Santos fue incapaz de asumir la misma actitud ante la amenaza sufrida por la parlamentaria de oposición Cabal. En lugar de pedir garantías, el jefe de Estado guardó silencio. Ante esa actitud, la prensa adicta destiló dudas sobre el caso Cabal: “Aparece presunto panfleto de las Farc con amenazas para María Fernanda Cabal”, tituló  El Espectador.  

Ante tal éxito, las Farc pasaron a la fase 2 de su plan de intimidación, al declarar, unas horas después, que ellos no tienen nada que ver con las amenazas contra Cabal, Vargas y Restrepo.

En un comunicado (que la prensa no se atrevió a poner en duda), las Farc negaron ser los autores de esas amenazas. Los terroristas precisaron que “dicho panfleto y las amenazas que contiene no son obra de ninguna de las estructuras” de las Farc.

¿Quién puede creerles? ¿Si esa amenaza no venía de las Farc por qué los jefes de las Farc en La Habana no repudiaron esas amenazas?  En el desmentido no hay una sola palabra que signifique que  las Farc rechazan esas amenazas. Por el contrario, allí mismo lanzan nuevas mentiras e insultos contra el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez al decir que es el “máximo dirigente que ha recurrido en el pasado al expediente de los auto-atentados y todo tipo de argucias para generar confusión y solidaridad para con sus posturas políticas extremistas.”

Álvaro  Uribe ha sido objeto de 15 atentados terroristas. Su padre fue asesinado por las Farc en 1983. El atentado más espectacular contra el expresidente ocurrió el 13 de abril de 2002: un bus explotó al lado de su vehículo blindado, en Barranquilla. La bomba mató a dos personas e hirió a otras 22.

Al no repudiar la amenaza contra Cabal las Farc está diciendo que miente o que, por lo menos, tolera que otros, en su nombre, amenacen de muerte a políticos y abogados que se oponen a sus planes. El narco-terrorismo hace eso al mismo tiempo que asegura que ha decretado un cese al fuego unilateral, en el que nadie cree. Salvo Santos. Contra semejante bellaquería, la prensa no dijo una sola palabra.

Solo la Procuraduría General de la Nación rechazó las amenazas de muerte contra María Fernanda Cabal y los abogados Vargas y Restrepo y solicitó a las entidades del Estado competentes “tomar las medidas necesarias para garantizar la integridad” de ellos. El Ministerio Público reiteró su solidaridad y apoyo “a todos los colombianos que son víctimas del accionar intimidatorio de organizaciones criminales y terroristas” y concluyó que observará “las acciones que desplieguen las instituciones para proteger a los servidores públicos o particulares en riesgo frente a los actos de intimidación de grupos al margen de la ley”.

La inseguridad aumenta en Bogotá. En 2014 hubo 1.345 homicidios, 65 más que en el 2013.  En ese contexto toda amenaza de muerte debería ser investigada y reprimida. El poder reacciona cuando las víctimas de amenazas son de su bando. Los otros son “enemigos de la paz” y deben ser librados a los pistoleros. Ricardo Puentes Melo, el único periodista de investigación que queda en Colombia, ha sido objeto de tratamientos de desprotección de Andrés Villamizar. Pues a este no le gusta que Puentes critique la política de Santos. A ese grado de abyección ha llegado el Gobierno de Juan Manuel Santos.