Los mismos que hoy interactúan de “tú a tú” con la administración Santos. Primero los prostituyen y luego los inducen al crimen. Pero mientras la expectativa del Gobierno es desmovilizar a la guerrilla en pocos meses, los farianos en lugar de frenar la brutal práctica la intensificaron, como lo recuerda el reciente informe de la Fiscalía. Tendrán que rendir cuentas. Pese al vergonzoso lobby internacional por la indefensable impunidad, este es uno de los crímenes de guerra más repudiados y perseguidos por la Corte Penal Internacional.

Los guarismos sobre homicidios, tortura, ultrajes contra la dignidad, secuestro y violencia sexual contra los niños raptados por y para la guerra, son inciertos. Los 3.000 desmovilizados de las Farc que reseña la Fiscalía, son la punta del iceberg. La Organización Internacional de las Migraciones estima que hoy 18.000 niños harían parte de grupos criminales y 100.000 más estarían vinculados a sus negocios ilegales.(Lea: “No es posible seguir hablando de paz mientras persistan los secuestros”, José Félix Lafaurie)

Ello supone una victimización incalculable en 50 años de conflicto. Sólo en las Farc 50% de sus actuales milicianos ingresó siendo niño y ahora 4 de cada 10 son infantes. Junto a las Bacrim son los mayores predadores de la niñez rural, pues 69% de estos inocentes “soldados” sale del campo a enfundar un arma o prestar “servicios sexuales” a los llamados “revolucionarios”.

Pero si algo tienen en común los esfuerzos por documentar el criminal alistamiento de menores, es el hecho de caracterizarlo como una práctica sistemática, asociada a planes deliberados del narcoterrorismo, para escalar el conflicto armado y con ocasión de este.

Desde los años 80 y hasta nuestros días no ha cesado y su impacto se ha sentido en todo el territorio en una magnitud dramática, que “sentencia a muerte” nuestro futuro como sociedad. Los niños se convirtieron en objetivo y arma de canallas. Un crimen silencioso con altísimas dosis de impunidad, que de acuerdo con la CPI apenas ha recibido 31 condenas contra las Farc y 4 contra el ELN en la justicia interna.

Son factores determinantes de la futura intervención de la CPI, para asegurar el enjuiciamiento de los genocidas de nuestros hijos, aunque sea para los delitos cometidos desde noviembre de 2009, fecha de la vigencia del Estatuto de Roma en nuestro medio. (Lea:"El Estado creyó que gobernar era producir prensa y se equivocó", Lafaurie)

Fue clara la Fiscal Fatou Bensouda, en sus cartas a la Corte Constitucional y en su “Reporte intermedio” de evaluación de crímenes de guerra y condiciones de su competencia en Colombia. Su arbitraje depende, grosso modo, de una máxima: opera la jurisdicción interna o la CPI entra a regir. Pero nunca crímenes internacionales quedarán sin castigo ni serán objeto de suspensión de penas, incluso en procesos de Justicia Transicional.

Pero la responsabilidad será compartida con el Estado, que ha perpetuado la miseria y la desprotección en el campo, avivando el clima malsano que agitó las Farc a favor del infame reclutamiento de niños.

Pero ahí estarán también los gobiernos que auparon frustrantes negociaciones, que sólo fueron el parapente del ascenso de las cuadrillas guerrilleras a costa del futuro y la vida de miles de pequeños. Pero mientras eso ocurre ¿quién les explica a ellos y sus humildes familias, que este Gobierno ruegue ante el propio seno de las Naciones Unidas, “términos especiales” para indultar a los comensales de La Habana? ¡Qué horror, qué dolor, qué dolor, qué pena!

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.