La libertad de precios en la leche no beneficia ni al consumidor final ni a los pequeños productores. Solo favorece la rentabilidad de los grandes industriales, que serán los que impongan el precio. Una medida como esta sería un golpe tremendo para la paz en el sector rural colombiano.

Cada cierto tiempo, la industria en Colombia plantea la libertad de precios de la leche al productor. Esta demanda coincide con alguno de estos dos momentos: un auge de los mercados y la necesidad de auspiciar su expansión; o una fase de depresión, cuando hay acumulación de inventarios. La  presión es para que los ganaderos sacrifiquen parte de su ingreso y así financiar la expansión de los mercados o, en el caso contrario, para soportar los procesos recesivos.

Así por ejemplo, el último período de libertad de precios de la leche al productor ocurrió entre junio de 2005 y julio de 2006, producto de una etapa de intenso crecimiento para la industria láctea entre en 2004 y 2006, seguido de un año difícil, en 2007. Años atrás, entre 1979 y 1981 también hubo libertad de precios, que luego volvió a ser declarada entre 1999 y 2001, hasta cuando entró en vigencia de manera plena el Acuerdo de Competitividad de la Cadena Láctea. En el primer caso, el país experimentó altas tasas de crecimiento (8,5 % en 1978), antes de un período recesivo (1981 a 1983). En el segundo caso, entre 1999 y 2001 las tasas de crecimiento de la economía fueron negativas (-6 % en 1999).

Visto de esa manera, no habría razones para que el Estado aceptara la libertad de precios en la leche al productor; menos aún en una perspectiva de equidad. No obstante, la posibilidad de ampliar la masa de consumidores a través de precios más bajos en la canasta de lácteos ha sido un incentivo atractivo, invocado en este tipo de negociaciones. Pero los datos del DANE muestran que en épocas de libertad de precios para la leche, como la ocurrida entre junio de 2005 y julio de 2006, los precios al consumidor estuvieron por encima de la inflación (incremento del 5,1 por ciento con una inflación del 4,27 %) en tanto que se redujo el precio al productor en términos reales en 2,2 %. A la par, los márgenes entre producción y consumo aumentaron; es decir, se transfirieron parte de los beneficios de una libertad de precios al productor hacia la industria.

Los recientes hechos de protesta en zonas tradicionalmente caficultoras muestran que la libertad de precios para los productores con mecanismos paliativos como el PIC (subsidio de Protección al Ingreso Cafetero) no es la vía más idónea para una negociación equitativa. En tanto que los precios al productor cafetero siguen las tendencias internacionales, los precios al consumidor colombiano crecen al ritmo de la inflación. Los precios más bajos del café no se trasladan del todo al consumidor, sino que son capturados por la industria a través de márgenes más altos.

La importancia estratégica de la leche es equiparable a la del café. Mientras que hay 563 mil caficultores localizados principalmente en quince departamentos del país, la leche es producida en 22 departamentos, en más de 450 mil unidades productivas. Muchos departamentos productores de leche no son cafeteros (como Bolívar, Caquetá, Casanare o Magdalena).

El Gobierno está trabajando en el desarrollo rural. Bajar los índices de pobreza y miseria en los campos colombianos es una prioridad para el post-conflicto. Pero si se establece una libertad de precios, son los industriales del sector los que impondrán el precio, por su posición dominante. Y quienes terminarán disminuyendo sus ingresos serán los pequeños productores de leche, que son más del 80 % de los ganaderos del país.

La estabilidad en el precio de la leche al productor, como en el caso del café, es una de las condiciones de la paz en las regiones.