…que no se nos cuelen los victimistas, aquellos que se disfrazan de víctimas –como Mendieta– y colocan responsabilidades en quienes no las tienen”*.

Así pues, para las Farc, Luis Herlindo Mendieta Ovalle, secuestrado en 1998 y rescatado por el Ejército en 2010, con 12 años de secuestro en condiciones de ignominia; el mismo que, según sus propias palabras, tuvo que arrastrarse en el barro para hacer sus necesidades fisiológicas, con la cadena y el candado atados al cuello; el mismo que sufrió de paludismo y múltiples enfermedades; el mismo que, en castigo, fue atado a un palo y encadenado al cuello; ese mismo general Mendieta no ha sido víctima de nadie, sino que se disfraza y, desde su imaginación trastornada, le asigna a las Farc una responsabilidad que no tienen en su victimización.

Santrich remata diciendo que Mendieta, simplemente, “hace parte de la confrontación y es prisionero de guerra”, como cientos de guerrilleros secuestrados –ellos sí– en las cárceles en condiciones de hacinamiento, aclarando, por si fuera poco su cinismo, que “en los sitios nuestros no hay hacinamiento”. Mejor dicho, el general les salió a deber por sus cómodas y respetuosas condiciones de reclusión. Como si los colombianos no hubiéramos visto las denigrantes jaulas que nos recordaron los campos nazis de concentración y contribuyeron a motivar las masivas manifestaciones de rechazo a las Farc en febrero de 2008.

Que para las Farc los secuestrados de la Fuerza Pública sean prisioneros de guerra, vaya y venga, pero que lo sean para el Gobierno no es asunto de poca monta y está en la base de la ilegitimidad de esas negociaciones. No olvidemos que la Universidad Nacional vetó al general Mendieta como víctima, y que el presidente dijo expresamente que "estamos en guerra, pero la guerra es entre combatientes”.

Las palabras traicionan. Si, por ejemplo, hablamos de “guerra” contra el sobrepeso, todo el mundo sabe de qué se trata, pero si nos referimos a la primera acepción del diccionario, es decir, a lucha armada entre dos bandos, a guerra y a combatientes, como hizo el presidente, ya no cabe el sentido figurado. Estamos hablando de un bando legítimo y de otro que aspira a serlo. Estamos hablando de imponer uno u otro modelo de sociedad y de país.

Por ello, quienes niegan la existencia de un conflicto interno no lo hacen porque sean absurdamente ciegos a la situación de violencia del país, sino porque tienen claridad sobre la naturaleza de esa violencia y no encuentran razón para otorgarle condición de beligerancia a las Farc y, menos aún, de altos deliberantes en unas negociaciones que no deberían ir más allá de las condiciones de verdad, justicia transicional y reparación exigibles para su reinserción a la sociedad. ¿Hay violencia narcotraficante?: SÍ. ¿El Gobierno colombiano está en guerra declarada contra las Farc?: NO. Si así fuera, el general Mendieta y todos los secuestrados de la Fuerza Pública serían efectivamente prisioneros de guerra. Y lo más grave, los guerrilleros en la cárcel también lo serían.

Nota bene. El soldado Johan Burbano murió el pasado lunes en un enfrentamiento con las Farc. Al día siguiente murió su hermano, el cabo Albín Enrique Burbano, al pisar una mina. En dos días, una humilde familia perdió dos hijos militares, pero sus padres no son víctimas, sino victimistas, es decir, disfrazados.