“Los cortesanos de la Corte”

Sin asomo de vergüenza y con el descaro de quien se sabe impune y protegido por los medios de comunicación “enmermelados”, la mayoría de magistrados de la “honorable” Corte Constitucional produjo un fallo sobre el ‘Fast Track’, que pasará a la historia como el más grande de todos los adefesios jurídicos del que se tenga memoria en el país.   La impresentable monserga cosecha de esos “eruditos” del derecho público es un auténtico galimatías, que ni siquiera pudo ser explicado por la presidenta de dicha corporación, la señora María Victoria Calle, que tiene de jurista lo que Timochenko de humanista.  

No solo se trata de una monstruosidad jurídica, sino, además, de una decisión (a juzgar por el comunicado) plagada de sinsentidos, cantinflesca y absurda como ninguna: no hay forma de entenderla. La desfachatez de estos “próceres” de la Corte Constitucional es tan colosal que fueron capaces de desconocer su propia y reciente jurisprudencia, quién sabe detrás de qué prebenda o por temor a las represalias del régimen, que ya ha probado sobradamente, que, frente a los enemigos y magistrados que se interpongan en sus propósitos, es capaz de todo: la “combinación de todas las formas de lucha”, al mejor estilo de la extrema izquierda, o, parafraseando al inefable Pablo Escobar: “mermelada” o “cana”. Así funciona.   La Corte Constitucional, antes del 2 de octubre sentenció, que el ‘Fast Track’ solo podía implementarse, si el pueblo lo autorizaba a través del plebiscito.   Después de la derrota del “Sí” y, ante las presiones y canonjías del Gobierno, casi todos los magistrados optaron por obviar lo que ellos mismos habían concluido (claro, estaban convencidos de que el “Sí” ganaría abrumadoramente). Como en los tiempos de Rojas Pinilla, tenemos una corte de cortesanos, que interpretan las leyes y normas al antojo de los intereses del régimen. Por eso, nadie en Colombia respeta las instituciones; porque quienes las presiden son incoherentes, erráticos, inconsecuentes y deshonestos de pensamiento y bolsillo.   Colombia es un país en el que no hay fronteras legales infranqueables: es un Estado en el que los intereses políticos están por encima de las instituciones y de la misma democracia. Por eso, somos precisamente una nación inviable. En el año 91, varios importantes sectores de la sociedad y la política se inventaron un parapeto que no estaba contemplado en la Constitución para convocar a una constituyente: la “Séptima Papeleta”, adefesio que fue validado en su momento por la Sala Constitucional de la Corte Suprema, sala que a la postre fue reemplazada por la Corte Constitucional: víctimas de su propio invento. Hoy la Corte Constitucional aprueba el ‘Fast Track’, desconociendo su propia jurisprudencia, dándole con ello un zarpazo a la democracia, que le abrirá la puerta a una serie de reformas que acabarán con la poca institucionalidad que queda.   No hay división de poderes en Colombia; la democracia muere rápidamente: vamos rumbo a una desgracia similar a la de Venezuela y a la de Cuba. La arquitectura estructural del Estado ha quedado en manos de las Farc y sus amigos: el país está sujeto a los designios de 8 viejos barrigones, fundamentalistas y caducos que no representan a nadie. El horror apenas comienza.   La ñapa: El papa Francisco era el único que faltaba en escena, para “legalizar” el robo a la decisión democrática de la mayoría que dijo “No”.   La ñapa II: se fue un grande del periodismo deportivo: ¡Qué falta nos harás, querido Mike Schmulson!   El Heraldo, Barranquilla, 18 de diciembre de 2016