Las reacciones a los acuerdos de La Habana han sido, en general, positivas y están en la línea de atender a los orígenes históricos de la actividad guerrillera. Los primeros acuerdos de las conversaciones para un posible pacto de paz entre Gobierno y guerrillas de las Farc que se celebran en la capital cubana han causado el natural revuelo entre simpatizantes y detractores del actual Gobierno.

Tales reacciones han sido en general positivas y están en la línea de atender a los orígenes históricos de la actividad guerrillera, como ha sido el grave desequilibrio estructural derivado de la tenencia de la tierra y su utilización como factor de poder en Colombia.

Alguna vez anotamos, en la desaparecida revista ‘Síntesis Económica’, fundada y dirigida por Álvaro Gómez Hurtado, que Colombia era de los pocos países de América Latina que llegaría al tercer milenio sin tener resuelto su problema agrario. Por ello debemos decir que ese tema, que a algunos les parece anacrónico, sigue vigente en la agenda nacional como deuda social insoluta, pues, aun cuando la participación de este sector en el PIB no sea la misma de antaño, en términos territoriales juega un papel estratégico para el pleno ejercicio de la soberanía nacional.

Pero, para que esos enunciados puedan tomar fuerza y traducirse en hechos reales, el país requiere de un escenario de fondo en el cual puedan advertirse las condiciones y situaciones del sector agropecuario y el desarrollo rural. Dicho escenario está dado por la disponibilidad adecuada y oportuna de información estadística, para lo cual se requiere no solo de la realización del censo nacional agropecuario sino del diseño y puesta en marcha de un sólido sistema estadístico. (Lea: El Gobierno no escucha a los gremios, solo a las Farc)

Afortunadamente, el actual Gobierno, en su plan de desarrollo, ha previsto la realización del tercer censo nacional agropecuario, operación que no realizadesde hace 41 años, en lo cual deben destacarse los decididos esfuerzos del saliente ministro de agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar, y del director del Dane, Jorge Bustamante Roldán.

Porque el problema no es apenas de registro catastral, que solo atañe a la propiedad de la tierra, sino a la forma como esta se utiliza con fines productivos con los recursos de mano de obra, capital, insumos utilizados y conexión con los mercados.

Mientras no se realice ese formidable esfuerzo estadístico, el país seguirá siendo objeto de la información privilegiada que algunos grupos y gremios obtienen por intermedio de sus afiliados, además de la que tienen grupos irregulares con presencia territorial, la cual utilizan para negociar con el Gobierno de turno y, como este carece de información oficial para apoyar sus decisiones, termina cediendo ante el interés particular que considera socialmente de mayor impacto.

Otro aspecto importante por el cual se necesita con urgencia de tales mediciones es para poner en adecuado contexto ciertas falacias estadísticas que han hecho carrera y que el país ha aceptado pasivamente, como el número de desplazados, con cifras a todas luces fantásticas que nos avergüenzan en el mundo. (Lea: Acuerdos alcanzados en La Habana, bajo la lupa)

Cuando se realizó el Censo General 2005, el Dane preguntó a quienes decían haber cambiado su lugar de residencia en los últimos años, entre varias opciones, las razones por las cuales se había producido ese cambio y quienes dijeron que lo hicieron por presiones y amenazas no superaba los 400 mil.

Por ello, resulta extraño que las agencias encargadas de la política social de los dos últimos gobiernos no les hayan parado bolas a tales registros oficiales y sigan aceptando registros administrativos inflados, los cuales se amparan en una conjunción de intereses que se benefician de ese fenómeno.

Por ejemplo, ¿en dónde está el estudio científico que nos muestre el origen-destino de esos grandes flujos de desplazados y cuál es su caracterización socioeconómica?

Aceptar, sin mayor discusión, que tenemos 5 millones de desplazados es como decir que la mitad de la población rural del país se fue a engrosar los cinturones de miseria de las grandes ciudades.