Como aves de mal agüero están llegando a la Casa de Nariño respaldos de los socios internacionales de Gustavo Petro. El primero en escribirle fue La Habana. 65 años de dictadura comunista. Un cable de Efe del 9 de octubre dice: “El gobierno de Cuba expresó este miércoles su ‘solidaridad y apoyo’ al presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) formulara cargos a su campaña de 2022 ‘por la presunta vulneración al régimen de financiación’”.

El segundo llegó de Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva, salió el jueves en defensa de Petro. Estimó que un país “no puede renunciar al debido proceso legal sobre todo cuando lo que está en juego es la voluntad del pueblo expresada democráticamente a través de las urnas”. Lula mostró que no está bien informado sobre el trámite que sigue Colombia sobre el caso Petro.

El tercer mensaje llegó de Caracas. 24 años de dictadura comunista. En su tono habitual de peleador callejero, Diosdado Cabello, el ministro del Interior, eructó: “Nosotros estaremos a favor de Gustavo Petro sin dobles posturas. Entre Petro y (Iván) Duque yo no tengo nada que escoger, está claro que voy a apoyar a Petro”. El 11 de octubre, Nicolás Maduro envió su mensaje: se propuso como “garante” para entrabar las investigaciones del CNE sobre Petro.

¿Cómo será el “apoyo” de esos dos personajes? ¿Enviarán dentro de unos días o semanas sus 24 Sukhois ruso-chinos para destruir las refinerías y los principales puentes de Colombia y salvar a Petro de la sanción definitiva? Nadie olvida en Colombia la intimidación en esos términos lanzada por Caracas contra Colombia hace unos años.

En diciembre de 2018, Nicolás Maduro acusó al presidente Iván Duque de dirigir planes militares contra la llamada “revolución bolivariana” y, según Colprensa, le pidió a su Fuerza Armada prepararse para defender a Venezuela y atacar a Colombia. Todo porque la prensa bogotana había revelado que Vladimir Putin había decidido instalar una base militar rusa en la isla venezolana La Orchila.

El cuarto mensaje fue enviado por el Grupo de Puebla, secta internacional que organiza operaciones subversivas en el continente: “Registramos con preocupación la decisión del CNE de Colombia de abrir una investigación sobre la financiación de la campaña del presidente Petro”. Ese grupo patibulario pretende darle lecciones de derecho a la justicia colombiana. Para el GP lo decidido por el CNE “compromete, de manera extemporánea e inconstitucional, el fuero integral del presidente para gobernar el país de manera autónoma y soberana”.

Petro no tiene “fuero presidencial” ni “fuero integral”

Llama la atención que el GP utilice la fórmula mágica con la que Gustavo Petro cree ponerse a salvo de toda investigación de los organismos de control de Colombia: “fuero integral”. Hace unas semanas Petro utilizaba la frase “fuero presidencial”. El pretendía que la Constitución de 1991 le otorga un “fuero presidencial”. Yo demostré que el “fuero presidencial” no existe, que la Constitución colombiana jamás lo creó y que ninguna Constitución en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa inmuniza a sus presidentes contra toda investigación, sanción y destitución, pese a haber sido elegidos, si han cometido delitos. Petro dejó entrar dineros mafiosos para financiar su campaña electoral en 2021 y debe responder como cualquier ciudadano. Él no está por encima de la ley. Eso lo saben los magistrados, el Consejo de Estado y la CNE. Por eso la investigación avanza. Ante ello Gustavo Petro optó por rebelarse contra el orden jurídico del país al gritar que esa diligencia es un “golpe de Estado”.

Creyéndose capaz de calificar la investigación del CNE el Grupo de Puebla dice: “Se trata de un paso más en el desarrollo de un golpe de Estado pasivo que busca impedir la gobernabilidad para la cual fue elegido el presidente de Colombia por más de 11 millones de votos”.

El quinto mensaje llegó de Caracas, el 11 de octubre. Nicolás Maduro pide que Colombia lo acepte como “garante” para “evitar el golpe de Estado” contra Petro. El dictador exhibió una parte de su plan: quiere que Brasil, Nicaragua y los grupos de influencia creados por el chavismo entren en acción contra Colombia y que la Celac (comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños) y el grupo Alba-Tcp, monten un “proceso de diálogo” para enredar la acción del CNE y defraudar a la ciudadanía colombiana que exige toda la verdad sobre los dineros que financiaron la campaña electoral de Gustavo Petro.

Nadie olvida en Colombia la violenta represión ordenada por Maduro luego de la victoria de Edmundo González el pasado 28 de julio. Nadie olvida la caza de brujas desatada contra la líder de la oposición María Corina Machado antes y después de esa fecha. ¿Cómo Colombia podría admitir que un individuo así logre inmiscuirse en un asunto tan vital para la democracia? ¿Qué pretende Maduro con esa propuesta? ¿Qué autoridad moral pueden tener los Díaz-Canel, Maduro, Ortega y Lula para defender a Petro después de los crímenes que esa gente ha cometido contra sus pueblos? El respaldo de los totalitarios no sacará a Petro de aprietos. Tales maniobras lo hunden más y más.

La intervención directa de los dictadores del continente

Desde que llegó a la Casa de Nariño, Petro impulsa una guerra civil de baja intensidad contra Colombia. Lo revela su empeño rabioso contra la economía del país y la marginalización de las fuerzas militares y de policía, así como sus insultos contra la Constitución, contra los periodistas, contra la justicia, contra los trabajadores (su infame reforma de la salud y de las pensiones, es la punta del iceberg). Por eso la influencia que ejercía entre los que votaron por él en mayo/junio de 2022 se ha agotado. Petro cree que llegó el momento de recibir ayuda directa de las dictaduras que lo ayudaron a trepar al poder.

Atención entonces: las propuestas de Maduro, Cuba, Brasil y del GP es una sola cosa y oculta algo muy grave. “Si van a tumbarnos del gobierno, vamos por el poder”, gesticula Petro. Traducción: Petro cree que podrá desatar la “violencia de masas”, es decir la vasta acción depredadora de las pandillas armadas que él utilizó en el mal llamado “estallido social” de 2021. Petro quiere repetir eso y contar con la complicidad de los dictadores comunistas para desmantelar al CNE y las instituciones y amordazar a la prensa. Repetir el baño de sangre de 2021 no será fácil. La popularidad de Petro es baja y las “masas populares” no saldrán por él a las calles.

Por eso espera que Maduro y Cuba intervengan. Y no solo con actos de soft power como la guerra digital de las bodegas bolivarianas, la intensificación de la propaganda antioccidental y de los distractores psicológicos. También existen otros juegos: los golpes de las organizaciones narco-comunistas, los ataques cibernéticos destinados a paralizar hospitales, puertos y aeropuertos para agravar el desabastecimiento de bienes y medicinas. Las formas de ese tipo de guerra pueden ser escaladas: entrada de más dineros, tropas, agitadores y organizadores bolivarianos disfrazados de diplomáticos, asesores y migrantes gracias a la eliminación de los controles de fronteras y del desmoronamiento de las fuerzas legítimas del Estado.

Los heroicos impulsores de la investigación del CNE y el país en general deben admitir que el proceso es sobre todo político, no solo judicial, y que las mayorías opositoras deben combinar muchos tipos de acción legal, como la colecta de información, el respaldo a los periodistas y juristas y a los actores de la oposición, la organización y movilización disciplinada y ágil de las bases y la centralización de la orientación, para hacerle frente a la acción brutal del petrismo con respaldo bolivariano. Si Petro insiste en sabotear la acción del CNE y de las instituciones el país queda en libertad de desconocer las circulares, decretos y leyes petristas y acudir a la desobediencia civil y militar.

12 de octubre de 2024