/?w=256&q=100)
Pero ello no es malo, máxime que está en línea con muchas de las tan tas peticiones que ha realizado el sector ganadero desde hace una década, en el sentido de que el Gobierno debía diseñar y ejecutar una política de Estado, para que el país salde su deuda histórica con el campo.
El libro Posconflicto y Desarrollo, del presidente de Fedegán José Félix Lafaurie Rivera, publicado en 2005, ilustra la deuda social que el país tiene frente a la población rural con unas cifras del Índice de Desarrollo Humano (1990-2004), y señala que frente al desequilibrio histórico entre lo rural y lo urbano, se requiere equilibrar la balanza, y enfatizó en que era urgente y de justicia devolverle al campo el capital que prestó para hacer posible la modernización urbana. Incluso formuló una propuesta, advirtiendo que había que hacerlo sin el recurso fácil de echar mano del presupuesto nacional, llevando capital al sector rural a través de las Inversiones Sustitutivas de Impuestos.
Hoy la Misión, nos da un diagnóstico similar... que los pobres rurales son 3,2 veces más pobres que los urbanos, quienes tienen mejores condiciones en materia de salud, educación, vivienda y servicios de acueducto y alcantarillado; que el déficit habitacional en el sector rural es de 61,4 % contra 23,7 % en lo urbano; que el 40 % de los campesinos no tienen acceso a una fuente de agua mejorada; que el 18 % no tiene pisos en sus viviendas; que solo el 36,4 % de los hogares rurales tiene acceso a la tierra; que solo el 5,2 % de los hogares rurales tuvo acceso a crédito para iniciativas agropecuarias; que la agricultura familiar con vocación agrícola se tiende a localizar en las laderas, en condiciones que presentan desafíos para su desarrollo y sostenibilidad económica y ambiental; que hay muchos terrenos planos con vocación agrícola que se utilizan para ganadería extensiva; y que además existe un conflicto creciente en el uso del agua y la tierra con actividades mineras y serios problemas asociados a la ocupación de humedales e insuficiente regulación de corrientes que genera problemas de inundaciones en épocas de lluvias.
La verdad, nada nuevo que no hayamos conocido. Pero si surgen interrogantes sobre la estrategia de inclusión productiva que, al igual que la Agenda de la Habana, parte de la creación de un gran fondo de desarrollo rural, de la implantación de una política de ordenamiento social de la propiedad, y de otros, que desde Fedegán se han solicitado repetidamente, como el acceso real a servicios financieros y a bienes públicos para competitividad: tecnología, infraestructura de transporte y riego, o la implantación de mecanismos de compras oficiales para productos de la agricultura familiar.
Nunca pudo el gremio ganadero lograr que le escucharan sobre el tema del acceso real al crédito, y menos lograr que las compras oficiales tuvieran un sentido social, para no decir nada de la infraestructura vial en la que incluso propuso que los mismos ganaderos colocarían recursos para hacerlo, como tampoco se logró nada con la provisión de riego, y la baja de costos en energía, e incluso con la propuesta de utilizar la política predial para reactivar el campo.
También quedamos sin saber de la Misión Rural, el cómo y las magnitudes, y por supuesto los escenarios posibles, porque es evidente que el campo colombiano deberá continuar manteniendo la seguridad alimentaria de los colombianos, como lo ha hecho hasta ahora el sector ganadero con la provisión de carne y leche, para la gran demanda interna que se nos avecina.
USDA proyecta un aumento de 2 millones de hogares de la clase media colombiana para el 2024. Crecimiento que, de acuerdo con los cálculos de Andrés Espinosa Fenwarth, en una perspectiva a 10 años podría representar una demanda adicional de 152 mil toneladas de carne de bovino; 216 mil toneladas de pollo y 54 mil toneladas de carne de cerdo. Sería bueno que la Misión Rural mostrara sus predicciones y cálculos sobre estos temas terrenales.