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Es evidente que, con la prevalencia de la Ley y la gobernabilidad legítima, estuvimos más cerca de los estándares que exigen los países desarrollados, para formar parte de ese exclusivo club. Un Estado fortalecido, que no trance la Ley, es y será el presupuesto básico para estimular el crecimiento económico, como resultado de la confianza de la sociedad en sus instituciones, a la par de cerrar la brecha de las desigualdades que arrastra el camino hacia el desarrollo.
La visión integral de la política de Seguridad Ciudadana y Democrática se impuso como desafíos: fortalecer el capital humano, proteger los activos, generar ingresos y desarrollar oportunidades para los sectores más vulnerables, respondiendo al concepto de desarrollo humano. Esta renovada garantía de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales, hizo posible recomponer los vínculos de nuestra unidad nacional y las relaciones de confianza. Una veintena de programas sociales hicieron parte de estos propósitos, con tasas de ejecución reconocidas en el ámbito nacional e internacional. (Lea: El marchitamiento de la Seguridad Democrática)
Por supuesto, funcionaron porque en forma paralela se avanzó en la consolidación del Estado de Derecho y la presencia de su fuerza pública en el territorio nacional y, por ende, en la restauración del orden, la seguridad y la ley en donde antes sólo operaba el “seudo-estado” de los terroristas. El nuevo escenario de paz, estimuló un clima favorable para la confianza inversionista y una dinámica de crecimiento sano y sostenido. Se inauguraba así una era de mejores ingresos fiscales para el Gobierno –que aumentaron al 15,5% del PIB en 2009, frente al 10,9% del PIB en 2000– y con ella la posibilidad de hacer realidad una política de inversión social incluyente.
Imposible no contrastar las conquistas del Estado Comunitario, con los pálidos avances que registró esta sociedad haciéndole el juego a los violentos, flexibilizando o haciendo inoperante la Ley. Mientras que entre 1998 y 2002 la economía creció al 0,62% en promedio anual, con la Seguridad Democrática el PIB registró comportamientos históricos, con variaciones entre 4,7 y 6,9 durante cuatro años consecutivos. Pero, además, mientras le abrían campo a los terroristas en el Caguán, le cerraban el paso a la inversión extranjera que no alcanzaba los US$2.000 millones, frente a US$9.500 millones que luego cosechamos con un Estado fortalecido. (Lea: La Ley, promotora de prosperidad)
Para no mencionar la imposibilidad de activar los Objetivos del Desarrollo del Milenio, que solo tuvieron salida cuando el Gobierno Uribe pudo garantizar la presencia del Estado y sus instituciones en todo el país. La tasa de pobreza se redujo entonces 13 puntos porcentuales –de 49,7% a 37,2%–, la revolución educativa alcanzó cobertura universal en básica y media, la matrícula universitaria se duplicó de 18% a 37% y un programa como “Familias en Acción” pudo llegar sin problemas a 1.099 municipios, 2,8 millones de familias y 5.3 millones de niños afro-descendientes, indígenas, desplazados y de barrios marginales en las ciudades.
Pese a que estas victorias han tenido un impacto innegable sobre nuestro desarrollo y civilidad, estamos lejos de cumplir los estándares de la OCDE. Basta mirar el ingreso per-cápita europeo, superior 4.7 veces al nuestro, para entender la magnitud de las asimetrías. Lo que nos obliga a retomar las políticas que hasta hace poco permitieron mostrar resultados. (Lea: Seguridad en el país en franco deterioro, según reciente estudio)
No obstante, el sentir de la mayoría de los colombianos, es que se abandonó la estrategia para hacer frente a la inseguridad y retrocedimos volviendo a negociar con terroristas. No solo se debilita el Estado de Derecho, sino que se deterioran la seguridad, el crecimiento, la inversión y la disponibilidad de recursos fiscales y, con ellas, se aleja la posibilidad para mejorar la calidad de vida, determinantes que en el pasado reciente habilitaron el sin igual auge de nuestra cohesión como nación.