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Sus dineros malditos alimentaron las estructuras criminales farianas y su hermandad con elenos, paramilitares y Bacrim, para controlar un negocio de US$20 billones anuales. Sus “tranquilandias” –legado de Escobar para financiar masacres y bombazos– se levantaron sobre el desmote de la selva, el desplazamiento, la esclavitud de los “raspachines” y una aberrante contrarreforma agraria.
Que las Farc nieguen esa realidad, no la hace menos cierta. Como tampoco su interés en despenalizar este crimen y subsanar las divisiones entre sus bloques que se resisten a abandonar el narcotráfico. Un palo en la rueda de las negociaciones de Cuba.
Pero claro, resulta infantil creer que por disposición de las Farc, el Gobierno americano va a flexibilizar su política anti-drogas. Premisa descartada el mismo día de la llegada de Santos a la cumbre con el presidente Obama. Los elogios al proceso de paz, retórica del lenguaje diplomático, no pueden confundirse con la postura inalterable que han mantenido desde el ataque a las torres gemelas. Poco les interesa que en materia de paz en una nación como la nuestra, se haga una reforma agraria expropiatoria o se viole la Constitución y la Ley para dejar impunes a criminales de guerra, siempre y cuando el asunto de los narcóticos permanezca a raya. Es la verdad frente a los americanos. (Columna: Las Farc, enemigos del género humano)
La de las Farc, es la de la hipocresía. Difícilmente podrían estar interesados en defender la cultura del “mambeo” de nuestros indígenas o los usos medicinales de la hoja de coca. Solo tenían que justificar sus propuestas, que van desde reconocer y estimular las siembras ilícitas y desmilitarizar las zonas de producción y tráfico de narcóticos; legalizar el consumo y hasta legislar unilateralmente, desconociendo las complejidades globales del flagelo de las drogas.
Pero claro, es bien conocida la criminalización de sus frentes, poco dispuestos a desistir de una renta fácil que hoy manejan al dedillo. Un emporio que traslapa las Zonas de Reserva Campesina con plantaciones, cristalizaderos, compradores en el mercado interno –que no son otros que sus socios de las Bacrim– y rutas trasnacionales en alianzas con “Los Zetas” y el cartel de “Sinaloa”. (Lea: El cinismo de las Farc desde La Habana no se detiene)
Pero lo más indignante del nuevo “viajado” de las Farc, es pretender que el fenómeno del narcotráfico se resuelve con una reforma agraria. A menos, claro, que esta se aplique sobre las tierras usurpadas por los “causantes de los daños”. Es decir, sobre las robadas por las Farc, para retornar los derechos a sus auténticos dueños. La justicia social de la que hoy cínicamente hablan. Por supuesto, no es lo que se está acordando en Cuba.
Al decir del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, más parece confirmarse una reforma confiscatoria sobre patrimonios legalmente adquiridos y trato de delincuentes a propietarios honestos, con figuras como la “extinción de dominio”. Una herramienta consagrada para castigar bienes adquiridos ilícitamente, con dineros del narcotráfico y el lavado de activos.
Así, mientras las Farc planean cómo diseminar el modelo productivo de sus “tranquilandias”, sobre las propiedades que se extingan a ciudadanos probos y, de paso, consolidar las que sembraron en las Zonas de Reservas Campesinas, el campo irá a pique. Como si no fuera suficiente con el desaliento actual, ahora los productores honestos debemos cargar con nuevos desestímulos a la producción y las inversiones lícitas. (Lea: Las Farc tomarían control sobre 1 millón de campesinos)
Ese es el presente y futuro que está diseñando este Gobierno con sus nuevos mejores amigos en La Habana, a espaldas de los verdaderos campesinos y los legítimos representantes del sector agropecuario.