Según recientes informaciones de prensa, solamente en Meta y Caquetá, la Fiscalía General de la Nación ha confirmado la existencia de 130 predios por 82 mil hectáreas, y habrá que esperar lo que falta por confirmar. La misma información de El Tiempo se refiere a las 700 mil hectáreas como hallazgo a partir de la información en los computadores del mono Jojoy, realidad que confirman los reclamantes en el proceso de restitución, pues cerca del 40% reconocen a las Farc como su despojador. (Lea: ¿Volverán las tierras expropiadas por las Farc a manos de campesinos?)
Así pues, el grado de cinismo de las Farc, terratenientes a bala que se sientan sin empacho a hablar de reforma agraria, de expropiación y de justicia, se corresponde con el grado de ¿ingenuidad? del Gobierno, o mejor, de pragmatismo político para explotar electoralmente la bandera de la paz negociada, sin importar el precio que el país y el campo han pagado y tendrán que pagar.
Porque no se trata solamente del despojo de las tierras, sino de los delitos asociados y del destino que se le dio a lo expropiado. ¿Cuántos asesinatos hay detrás?, ¿cuántos secuestros?, ¿cuánto sufrimiento y cuánta pobreza de los despojados?, ¿cuántas reses robadas? Se estima que en las despojadas en Meta y Caquetá llegaron a haber 900 mil reses robadas por las Farc.
¿Cuántas toneladas de narcóticos se han producido en esas tierras?, ¿cuántas minas se han colocado para proteger esos corredores de la droga o zonas de control territorial?, ¿cuántos civiles muertos o mutilados?, ¿cuántos miembros de la Fuerza Pública caídos? Definitivamente, tierra regada con sangre, tierra irrecuperable, porque las Farc no se reconocen como victimarios de despojo. (Lea: Restitución de tierras, ¿están comprometidos los entes judiciales?)
Mientras tanto, hay silencio en La Habana sobre el tema. Las Farc no han reconocido su papel de victimarios en el despojo de tierras, pero sí se atrevieron a dejar ‘salvedades puntuales’ sobre el latifundio bien habido de otros, desconociendo su mal habido latifundio. Por el contrario, contra toda evidencia, no reconocen poseer ser terratenientes y narcotraficantes.
Hay que tener en cuenta que no se trata de afirmaciones espurias de la oposición o de contradictores de la negociación con las Farc, sino de investigaciones en curso por parte del Estado en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, y también de los testimonios de las propias víctimas reclamantes, que han abandonado sus miedos y se han presentado ante la justicia a denunciar: “las Farc nos robaron la tierra”. (Lea: Fiscalía quiere recuperar las tierras que le pertenecen a los campesinos)
No obstante, el Gobierno, sentado al otro lado de la mesa, tampoco les ha exigido explicación alguna ni les exigirá devolución de lo despojado para restituirlo a sus dueños originales, porque, al parecer, no conviene atravesarse al proceso y molestar a las Farc, pues llegar a un acuerdo -a cualquier acuerdo-, y ojalá para noviembre de 2013, justifica pagar cualquier precio también.