Quien está por desmovilizarse son las Farc, no el Estado colombiano. Quien promete poner fin a una estrategia de más de 60 años de crímenes contra Colombia son las Farc. Nadie más. En los llamados “diálogos de paz”, ese es el punto central, el único, el que justifica ese esfuerzo, inútil hasta ahora, de dos años de conversaciones: el fin del accionar de la banda armada más mortífera y depredadora que haya conocido Colombia en toda su historia.

Allí, en esa “mesa de negociación” en la isla-prisión, lo que está en juego es, en principio, aunque las Farc piensen otra cosa, cómo ponerle punto final al accionar del comunismo armado en Colombia. El punto no es especular acerca de los defectos del capitalismo, ni sobre legitimidad o las carencias del Estado colombiano. Este, por el contrario, tuvo que defenderse contra la abrumadora agresión ordenada por el mastodonte soviético. Tuvo que movilizarse de manera defensiva contra el fruto local de una realidad bélica exterior a Colombia: la Guerra Fría.

De los dos “actores” en La Habana solo uno fue el que decidió acabar mediante asaltos, infiltraciones, masacres, secuestros, tráfico de drogas y destrucciones masivas, el sistema liberal-conservador colombiano. Por eso solo uno de los dos lleva semejante fardo histórico. Solo uno porta la responsabilidad moral y política por los centenares de miles de víctimas que generó esa agresión contra la democracia colombiana. Esta no envió sus tropas a atacar al Kremlin. Este sí creó un ejército irregular para atacar a Colombia.

Como algunos la han ido esfumando esa verdad de la conciencia ciudadana,  las Farc tratan de hacerle creer al país que en Cuba están discutiendo el desarme y la desmovilización de las dos entidades que dialogan. En su comunicado del 3 de agosto de 2014, las Farc se muestran sorprendidas. Dicen: “no puede ser que el Gobierno ahora (…) pretenda que es la insurgencia la que debe estar en el banquillo de los acusados”.

Pues sí, el terrorismo comunista es el único que está en el banquillo de los acusados.

Negar eso está hundiendo el tema de las víctimas en una enorme confusión.  Esa confusión descansa sobre tres falsos postulados. Comienza con este: “El tema de las víctimas es muy complejo”.  Luego prosigue: no hay víctimas sino “grupos de víctimas”. Finalmente, concluye: los guerrilleros encarcelados por sus crímenes “son también víctimas”. Con ese trípode absurdo, que algunos han tragado de buena fe, el grupito mamerto está escogiendo abusivamente a las víctimas que piensan ir a Cuba a pedirle cuentas a sus agresores, las Farc. Quieren reducir a nada o a casi nada las víctimas, darles falsos voceros.

Las Farc están tratando de redefinir la noción de víctimas. Como está creciendo el dinamismo de estas, como las víctimas de las Farc se están organizando y radicalizando, y como cada vez más están rechazando la tutela comunista de ese tema (el intento de Iván Cepeda de convertirse en líder de las víctimas es más y más rechazado), los propagandistas de las Farc encontraron una salida: pervertir el concepto de víctima.

Si aceptamos que un guerrillero activo, o condenado y encarcelado, es también una “víctima” el concepto de víctima es, de hecho, abolido: el agresor es una víctima y la victima es un agresor. Esa operación de escamoteo no puede pasar. Empero, esta operación está en pleno desarrollo, sin que eso suscite la menor réplica del Gobierno, quien sigue fiel a su enfoque: negociar y ceder ante el terrorismo sin argumentar nada contra este.

Ese juego diabólico es sostenido no solo por Santos sino, lo que es peor, cuenta con el apoyo de alguien que debería ser neutral y ecuánime en estas cosas tan graves, pero que no lo es.

El representante de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild,  dice que el criterio para hacer la lista de los que irán a La Habana es el decidido por “la mesa” de La Habana, es decir por la Farc, quienes son las que llevan la voz cantante en ese tinglado.

Cuando un periodista le preguntó si, según él, los guerrilleros que están en las cárceles son también “víctimas”, Hochschild fue incapaz de responder con un no franco, como debería haberlo hecho. Pues un terrorista encarcelado es, forzosamente, un agresor que paga su pena, no una víctima.

Empero, Hochschild se escabulló con una pirueta: dijo que quien puede decidir quién sale o no de la cárcel [para ir a Cuba] es el Gobierno de Santos. Lo que quiere decir que, según el representante de la ONU, los guerrilleros encarcelados son víctimas del Estado, y deben hacer parte de la peregrinación a Cuba en igualdad de condiciones con las viudas, los huérfanos y los mutilados que deja el accionar de las Farc. 

Fabrizio Hochschild llegó al colmo de equiparar “las personas uniformadas de la fuerza pública”, con las “personas de las filas de la guerrilla”, quienes también, según él, han “sufrido violaciones de sus derechos”. ¿Cómo así? El no lo explicó. El dijo: “No se puede excluir ni las personas uniformadas de la fuerza pública (…) ni personas entre las filas de la guerrilla que también (…) han sufrido violaciones de sus derechos”. “Los criterios tienen que aplicar de igual manera para todos los uniformados”.

Para ese funcionario de la ONU hay dos clases de uniformados en Colombia: los de la fuerza pública y los de las guerrillas. Deduzca: el Ejército y las Farc, son iguales; no hay víctimas y victimarios. Todos son víctimas.

Las Fuerzas Armadas de Colombia (militares y policías) son, y lo han sido siempre, el instrumento de un régimen  democrático, escogido por el pueblo en elecciones libres. Ellas nunca corrieron detrás de una utopía sangrienta. Su guerra es justa y respeta un sistema jurídico. Sus eventuales errores y excesos son objeto de duras sanciones penales. Por eso es falso decir que en Colombia hay un “terrorismo de Estado”. El señor Hochschild sabe todo eso pero finge ignorarlo.

Otro que empuja detrás del mismo carro es el amnistiado  León Valencia. Este asegura: “A las víctimas las define su indefensión, no su inocencia”. Y agrega: “(…) las víctimas son esencialmente civiles, pero pueden ser combatientes agredidos o muertos en estado de indefensión”.

Traducción: los policías y militares muertos, heridos, mutilados y/o secuestrados no son víctimas, pues no son civiles. El general Mendieta, por ejemplo, secuestrado por las Farc durante doce años, no es víctima. En cambio, los “combatientes” (narco-terroristas) heridos o dados de baja en combate sí lo son, pues fueron “agredidos o muertos en estado de indefensión”.

Así, León Valencia resume lo que las Farc dicen desde hace 60 años y lo que repiten en su comunicado del 3 de agosto pasado: que no admitirán como víctimas a quienes hacen o hicieron parte de la fuerza pública. Ese texto dice que si se insiste en eso el Gobierno debe aceptar que “se escuche también [en La Habana] a los combatientes guerrilleros”, encarcelados o no. Y, agrega, que se escuche “incluso [a] los representantes de aquellos que como el comandante Alfonso Cano, fueron asesinados, convirtiéndose también en víctimas del conflicto.” Es decir que se incluya a Timochenko en la lista de víctimas que irán a Cuba.

Fabrizio Hochschild avala ese enfoque. El deberá explicar cómo hace para pensar que Ingrid Betancourt, por ejemplo, quien fue secuestrada durante seis años por las Farc, es una víctima equiparable a alias Gafas y alias César, los carceleros y torturadores de ella y de los demás rehenes liberados gracias a la Operación Jaque, durante el Gobierno del presidente Uribe. Alias Gafas y alias César están encarcelados. ¿Esos bandidos deben ir ahora a La Habana quitándoles dos cupos a las víctimas auténticas?

Tal es el pantano moral en el que se ha metido el representante de la ONU en Colombia. Habrá que hacer algo para que las altas instancias de ese organismo internacional se enteren de eso y tomen medidas contra tal despotismo.