Las hectáreas del delito

Recientemente, el Ministro de Defensa dio a conocer las cifras de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en las cuales se destaca el aumento de los cultivos en la zona del Pacífico: Putumayo, Caquetá, Vaupés y Guaviare.   Sin embargo, las estadísticas de la Casa Blanca reflejan un peor escenario: “El año pasado las hectáreas cultivadas de coca alcanzaron las 159 mil, un guarismo que no se veía desde 2007 y que se suma al incremento de la cantidad de cocaína que producen las matas sembradas que se disparó en 2015 a 420 toneladas métricas”.   La situación descrita les da la razón a quienes se opusieron a la suspensión de la aspersión con glifosato. También se han identificado el alza del dólar y el tercer acuerdo Gobierno-Farc, que crea el Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, como las causas que han incentivado el incremento de esos cultivos. Es necesario agregar que la disminución en la Erradicación Manual fue del 44 % en el año 2014.   El plan piloto en Briceño, Antioquia, es apenas apropiado para erradicaciones menores. Los grandes sembradíos de la mata de coca son una empresa criminal con inmensos recursos y dirigida por mafias internacionales que con sus inmensas finanzas compran el amparo de altas autoridades, especialmente de México y Venezuela.   Las impotentes autoridades locales o reciben “la coima” y se hacen de la vista gorda o son presa fácil del sicariato. La gran prueba de la voluntad de paz de las Farc sería contribuir eficazmente con el Gobierno de Colombia a capturar e inmovilizar a sus antiguos socios y aliados.   No hay manera de ocultar el impacto que sobre la vida diaria de los colombianos tiene un fenómeno de tal magnitud. Hemos reconquistado la corona de mayor exportador de pasta de coca en el mundo y crecen la degradación del comportamiento social, la comercialización minorista de la droga maldita entre la juventud y la niñez, la proliferación de las “ollas urbanas”, como el caso del Bronx bogotano, el afianzamiento financiero de todas las fuerzas violentas y el poder criminal del delito que llevan consigo las actividades relacionadas con el narcotráfico.   El país exige del Gobierno una respuesta contundente al reto dramático que la delincuencia le ha planteado al desarrollo social y económico de la Nación, con repercusiones catastróficas sobre el medio ambiente.   Más allá del tratamiento a la adicción, que debe comprender inclusión social y readaptación, una política de drogas tiene que darle prioridad al control de la oferta desde los primeros pasos, que es donde nace la terrible cadena delictual. Se requiere un programa estructurado, coherente con nuestro entorno y con sostenibilidad y eficacia, para evitar, además, los trastornos que el dinero de la coca puede causarle al proceso de paz con las Farc.