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Los hechos son evidentes y tozudos: el secretariado de las Farc, sin haberse sometido a elecciones y sin entregar las armas con las que tanto daño hicieron (tampoco a los menores que hacen parte de sus filas), son los “chachos” del paseo. Así de sencillo: no hay decisión sobre el proceso de paz que no pase por el filtro de Timochenko y sus camaradas. Y, como la arquitectura del Estado se ha modificado para satisfacer a los “incomprendidos subversivos”, resulta evidente que la democracia que un día conocimos está mutando en otras peligrosas formas, bajo la batuta de las Farc. En otras palabras: la Constitución y la Ley están sufriendo toda suerte de cambios estructurales, para adaptar el Estado a las exigencias y caprichos de la guerrilla, bajo la égida del tramposo fast track, ideado por el régimen y sus áulicos.
No solo se trata de la vejación a la justicia, con la creación de la peligrosa JEP, que desconocerá principios universales del derecho con tal de perseguir y encarcelar a los detractores de la izquierda radical; también hay en ciernes, aplicando el mentado mecanismo inconstitucional (fast track), un proyecto conocido como Ley de Tierras, que básicamente deja sin derechos a los dueños de inmuebles rurales para defender la titularidad de los mismos. Algo parecido a la reforma agraria por la vía de una ley habilitante que hizo el nefando de Hugo Chávez en Venezuela. Y las Farc van por más: no les basta con apoderarse de la justicia y de la propiedad privada; también quieren hacerse al sistema electoral. Claro, ya entendieron que no hay que disparar fusiles para ganar la guerra: basta con contar los votos e imponer candidatos, también al mejor estilo chavista, para perpetuarse en el poder. La supercorte electoral propuesta por la Misión Electoral es claramente una idea concertada con las Farc, para favorecer los protervos intereses de estas últimas. Pero aquí no paran los desmanes: las Farc buscan también todas las gabelas posibles (que ponen en desventaja a los otros movimientos) para la creación del partido político que habrá de lanzarlas a la arena y para eso se valen de buenos amigos en el Congreso como Iván Cepeda y Carlos Fernando Galán, quienes consultan seguido al “constitucionalista” alias “Iván Márquez” sobre los trámites legales que habrán de ejecutarse para cumplir ese cometido. Las Farc están en lo suyo; así actúa la lógica criminal. Lo que resulta inaceptable es que el Gobierno Nacional, obligado a proteger la legalidad y la democracia, entregue el país, guiado por la soberbia y la vanidad de un gobernante que es capaz de cualquier cosa. Colombia no es el Titanic; aún podemos salvarla: ¡Despierta, pueblo, el futuro está en tus manos!