Es innegable la importancia de precisar cifras para instrumentar la política pública que el campo reclama con urgencia, si es que, ahora sí, con Farc o sin ellas, existe voluntad para dignificar la vida rural e impulsar la producción agropecuaria; pero nadie puede declararse sorprendido por una situación tan de bulto como el abandono histórico del campo, que las cifras del censo nos restriegan en la cara, mas solo para refrendar una situación conocida, manipulada con infamia en épocas preelectorales y siempre denunciada por los gremios.

Lo importante no es rasgarse las vestiduras, sino pasar de las cifras a las decisiones de Estado reflejadas en presupuestos y acciones. Por principio, y a sabiendas de la difícil coyuntura, los recortes no debieron tocar al Ministerio de Agricultura ni a los programas rurales en las demás carteras.

En cambio, en el tema de la tierra la información está llena de imprecisiones, porque el censo, por definición, entrega cifras pero no las cualifica. El país conoce del proceso concentrador de la violencia a manos de guerrilleros, paramilitares y bandas criminales; y sabe también del histórico desgreño en el otorgamiento y control de los baldíos, problemáticas reconocidas por el Gobierno y que están detrás del Programa de Restitución.

Decir que más del 40 % del área está en manos del 0,4 % de los propietarios con más de 500 hectáreas, es inducir a la opinión a conclusiones falsas, pues el Gobierno sabe que esas cifras no incluyen las 34 millones de hectáreas entregadas a las minorías étnicas, los mayores propietarios de tierra del país.

Tampoco se puede dejar de lado la calidad de la tierra. El Gobierno mismo considera gran propietario y partícipe de la concentración a quien posee más de 500 hectáreas, pero se olvida aclarar que, mientras en la Sabana de Bogotá esa extensión representa una inmensa riqueza y la UAF es de apenas 2 hectáreas, en la altillanura está última oscila entre 1.000 y 2.000 hectáreas; y para quienes no lo sepan, la Unidad Agrícola Familiar es la extensión que el Estado mismo determina como aquella que permite un ingreso familiar de 2 salarios mínimos. Es decir, dependiendo de la región, muchos de los terratenientes del censo son campesinos pobres, y muchos de los minifundistas del mismo censo están lejos de la pobreza.

Cuando se complete la información y hagamos esas cuentas, el país tendrá que aceptar que, al margen de las tierras concentradas por los violentos, la propiedad rústica está fragmentada improductivamente en un minifundio sin porvenir para sus propietarios, como lo concluye el censo, pues “el 70 % de las unidades es de menos de 5 hectáreas”.

El país debe decidir cuánta concentración necesita para aprovechar nuestro potencial como proveedores de alimentos para el mundo, y cuanta tierra para garantizar el derecho de los pequeños productores a su propiedad, pero no para perpetuar su pobreza, sino con presencia del Estado y una política de asociatividad que los integre a los mercados. En fin, habrá que esperar los resultados definitivos del censo, porque las cifras preliminares y sin análisis nunca dicen toda la verdad.